Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito hoy dictaminó que inmigrantes menores de edad que están ilegalmente en el país no tienen derecho a abogados pagados por el gobierno federal en sus audiencias en la Corte de Inmigración.
El fallo fue unánime, confirmando la decisión de un juez de inmigración de negarle asilo a un menor, identificado en documentos como C.J.L.G., quien dice haber huido de Honduras junto a su madre cuando tenía 13 años tras ser amenazado por pandillas a punta de pistola.
En su decisión, los jueces dijeron entender que "C.J. probablemente será devuelto a un país en crisis" y se solidarizaban con su situación personal, pero que "la ley no respalda su alivio solicitado".
C.J. y su madre María llegaron a Estados Unidos en junio del 2014 y fueron detenidos a los cuatro días de entrar al país. Las autoridades los dejaron en libertad con notificaciones de presentarse en la Corte de Inmigración.
Durante las audiencias, la madre dijo que no tenía dinero para un abogado y que no encontró ayuda legal gratuita. Finalmente, ella llenó una solicitud de asilo para su hijo por su cuenta en base a las amenazas de las maras en Honduras.
Tras varias audiencias en el transcurso de tres años, el juez de inmigración determinó que el menor no cumplía con los requisitos para asilo y era deportable.
C.J. primero apeló el caso a la Junta de Apelaciones de Inmigración y luego a la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito. Ambas cortes rechazaron sus apelaciones.
Varias organizaciones sin fines de lucro y abogados privados, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), representaron a C.J. en su apelación en la Corte de Federal de Apelaciones. Los abogados de C.J. argumentaron varias razones por la cual la decisión del juez de inmigración estaba incorrecta, incluyendo que el juez de inmigración le tendría que haberle dicho al menor que podría ser elegible para el estatus de inmigrante especial juvenil (SIJS, siglás en inglés) y no lo hizo.
Pero la Corte Federal de Apelaciones sostuvo que el juez de inmigración no tenía obligación de informarle al menor sobre su "aparente elegibilidad" al estatus de inmigrante especial juvenil, porque en el momento de su procedimiento de deportación, C.J. no tenía una orden judicial estatal que podría haberlo hecho aparentemente elegible para SIJS.
La ACLU anteriormente intentó infructuosamente obtener el respaldo de las cortes para conseguir ayuda legal gratuita para menores inmigrantes.
En junio del 2016, la ACLU y varias otras organizaciones presentaron una demanda colectiva para tratar de obtener abogados pagados por el gobierno para representar a menores inmigrantes en la Corte de Inmigración. La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la demanda en septiembre del 2016.
Es de suma importancia que todo inmigrante que está en proceso de deportación haga lo posible de obtener la ayuda de un abogado de inmigración. C.J. podría haber solicitado SIJS ya que él y su madre testificaron en la corte de inmigración que el padre de C.J. los había abandonado en Honduras.
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