Inmigración Hoy

Actualmente hay entre 7 y 8 millones de residentes permanentes en los Estados Unicos que podrían convertirse en ciudadanos. Hay quienes no  hacen los trámites, a pesar de ser elegibles, y también hay quienes sí presentan solicitudes para la ciudadanía, pero el gobierno se la niega.

Muchas de las personas a quienes les niegan la ciudadanía optan por demandar al gobierno, pero según datos oficiales, esos casos han disminuido.

De acuerdo a reportes de las cortes federales, ha habido una baja del 51,5% de demandas al gobierno por parte de los residentes permanentes a quienes le negaron su solicitud de ciudadanía estadounidense en los últimos cinco años.

Lo importante, si es residente, es solicitar la ciudadanía, pero no sin antes, consultar con un abogado para asegurarse de que sea elegible.

Pueden leer el reportaje, para el cual me entrevistaron, aquí.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha habilitado líneas de ayuda de teléfono para responder a preguntas sobre cómo la gente puede reportar posibles violaciones de derechos civiles en Arizona y si tiene preguntas adicionales para el DOJ sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Arizona S.B. 1070.

Esta es la línea de ayuda para reportar violaciones de derechos civiles:

855-353-1010

La llamada es gratuita.  También puede enviar un e-mail a esta dirección: Sb1070@usdoj.gov

Para consultas adicionales con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos llame a este número:

202-514-3465

Este número no es gratuito.  También puede enviar un e-mail a esta dirección: oipl@usdoj.gov

En una decisión presentada ayer, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló que tres secciones de la ley anti-inmigrante de Arizona S.B. 1070 son inconstitucionales, pero aprobó la sección más controversial  y la que muchos temen llevará a la implementación de perfil racial de Latinos en Arizona.

En un voto de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal invalidaron las siguientes tres disposiciones:

1. la que obligaba a portar documentos migratorios, pues se consideraba delito no tener un registro federal

2. la que convertía en crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo

3. la que permitía arrestar a sospechosos de estar en situación migratoria irregular, sin una orden de arresto.

La Corte Suprema aprobó la cláusula 2(B).  Esta parte es la más controversial de la ley S.B. 1070, porque permite a la policía estatal solicitar documentos para determinar la situación migratoria de alguien legalmente detenido o arrestado si existe “sospecha razonable” de que es indocumentado.

Sin embargo, la Corte dejó abierta la posibilidad que esta sección podría estar sujeta a demandas judiciales dependiendo en cómo sea implementada.

El Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ) el martes presentó una demanda para detener la implementación de una ley de inmigración en el estado de Utah.

Según el DOJ, la ley H.B. 497 es inconstitucional porque intenta establecer política inmigratoria a nivel estatal, algo que según la Constitución de los EE.UU., solo le incumbe al gobierno federal.

Entre otras cosas, la ley H.B. 497 permite el arresto sin órdenes de arresto de sospechosos de estar en el país ilegalmente y transforma en delito el alojar a indocumentados.

El Secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, en un comunicado de prensa, enfatizó que la ley de Utah interfiere con la ley federal y que además, podría conducir al acoso y la detención de visitantes extranjeros e inmigrantes legales que están en el proceso de tener su estatus de inmigración.

Además el estado propone crear un programa de “trabajadores huéspedes” para trabajadores indocumentados que vivan en Utah, por medio de los estatutos H.B. 116 y H.B. 469.  Como estas disposiciones no entrarán en vigor hasta el año 2013, el DOJ decidió no presentar acción legal en contra de estas medidas por el momento.

Esta es la cuarta demanda que el gobierno federal presenta en contra de estados que han aprobado leyes inmigratorias, en contra de los mandatos constitucionales del país.  El DOJ anteriormente demandó a Arizona, Alabama y Carolina del Sur.

La Corte Suprema de Estados Unidos, en un voto de 5 a 3, esta mañana avaló una ley de Arizona que permite al estado castigar severamente a empresas que contratan a inmigrantes indocumentados y autoriza el uso obligatorio del programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de los empleados.

En su resolución, la mayoría de los jueces consideran que la ley, titulada por Arizona “Legal Arizona Workers Act”, permite a las autoridades de ese estado a revocar o suspender licencias a empresas o comercios, inclusive hasta cerrar negocios que contraten a sabiendas a trabajadores indocumentados.

Los jueces que votaron a favor de la ley son John Roberts, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas.

Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor votaron en contra, argumentando que la ley de Arizona impondrá cargas adicionales a empleadores que operan legalmente.  Además, expresaron preocupación de que empleadores temerosos, al tratar de cumplir con las nuevas imposiciones del estado, podrían caer en discriminación laboral ilegal al momento de contratar a empleados.

La juez Elena Kagan no participó en el caso debido a que anteriormente ocupó el cargo de procuradora general (“Solicitor General”) ante la Corte Suprema para la administración del Presidente Obama.

La ley “Legal Arizona Workers Act” fue avalada en el 2007 por la entonces gobernadora de Arizona Janet Napolitano.  La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y diversas organizaciones de derechos civiles disputaron la ley, llevando el caso “Cámara de Comercio versus Whiting” ante la Corte Suprema.

La decisión de la Corte Suprema es una victoria para el gobierno de Arizona y un duro revés a la administración Obama que insistía que los gobiernos estatales no tienen autoridad para regular leyes federales en asuntos de inmigración.

Esta decisión deja un precedente que podría abrirle el camino a otros estados y ciudades a adoptar leyes similares a la de Arizona.

Un juez federal dictaminó que los derechos civiles de Juana Villegas fueron violados cuando las autoridades carcelarias la mantuvieron esposada a una cama durante las etapas finales de su trabajo de parto y su recuperación post-parto.  El Juez de la Corte de Distrito de EE.UU. William Haynes Jr. ahora deberá fijar una audiencia para determinar la compensación por daños y perjuicios contra el gobierno metropolitano de Nashville y la Oficina del Sheriff del Condado de Davidson en Tennessee.

En julio del 2008, cuando Juana tenía 9 meses de embarazo, fue detenida durante una parada de tráfico por la policía de Nashville por conducir imprudentemente, no tener licencia de conducir, y porque no tenía seguro de auto. Al verificarse que Juana estaba ilegalmente en el país y que previamente había sido deportada, la llevaron a la cárcel del Condado de Davidson, donde dió a luz 2 días después de su arresto.  Durante su trabajo de parto permaneció esposada a una cama, la separaron de su hijo recién nacido durante 2 días, y no le permitieron tener en su celda un extractor de leche que utilizan las madres lactantes.

Expertos de la oficina del Sheriff  justificaron el uso de los grilletes durante los partos argumentando que existía el peligro que inmigrantes indocumentados huyan y participen en actividades ilegales.  Contrario a ese testimonio, en su decisión de este pasado miércoles 27 de abril, el juez Haynes falló que Juana no era “ni un riesgo de fuga ni un peligro para nadie”.  En documentos presentados ante la corte, el personal médico testificó que le pidieron a los agentes del sheriff que le quitaran a la embarazada las esposas.

El caso de Juana Villegas hizo que la oficina del sheriff cambiara su política de restricción de mujeres embarazadas.  Según lo que funcionarios le dicen a la prensa, ahora solamente esposan a mujeres embarazadas durante el proceso de transporte de un lado a otro, o si hay una amenaza creíble de que intenten escaparse.

Aunque Juana ganó este juicio civil, no significa que podrá permanecer en los Estados Unidos.  Queda pendiente su caso ante las autoridades de inmigración.

El diario The Tennessean tiene el video de cuando Juana fue detenida durante una parada de tráfico.  Puede verlo aquí.

La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito hoy decidió mantener las restricciones en contra de la implementación de secciones de la ley S.B. 1070, incluyendo la más controversial – la que obligaría a agentes de la policía a verificar el estatus migratorio de todas las personas que “sospechen” que se encuentran de manera ilegal en el país.

El tribunal federal se rehusó a modificar la orden emitida por la juez Susan Bolton el 28 de julio del año pasado, un día antes de que entrara en vigor.  Esta decisión significa que la ley no podrá ser implementada tal como lo desea la gobernadora Jan Brewer.  Ante la decisión del tribunal, la gobernadora de Arizona dijo mediante un comunicado de prensa, que su equipo legal analizará si apela la decisión de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En una decisión unánime, la Corte Suprema de California hoy dictaminó que algunos inmigrantes indocumentados podrán continuar pagando la misma matrícula que se ofrece a los estudiantes de secundaria residentes en el estado, para asistir a colegios comunitarios y universidades públicas.

El dictamen mantiene en vigor la ley de California, conocida como AB 540, que le brinda ese beneficio a personas que hayan completados 3 años de estudios en una secundaria de California y que hayan obtenido un diploma.

La sentencia revocó una decisión de otro tribunal que había determinado que los inmigrantes en situación irregular, incluso aunque vivieran y estudiaran en California, deberían ser tratados como “no residentes” a la hora de abonar su cuota de matrícula.

Los congresistas republicanos Lamar S. Smith de Texas y Steve King of Iowa habían presentado una acción legal para conseguir que se les negara a los inmigrantes indocumentados la tarifa universitaria mas baja.

En el 2005, un grupo anti-inmigrante presentó una demanda con el fin de impugnar la validez de la ley AB 540, argumentando que estaba violando la ley federal.  En su decisión, la Corte explicó que aunque el gobierno federal puede restringir algunos poderes estatales, los estados conservan el poder para darle acceso significativo a una educación universitaria a estudiantes indocumentados.

Según la Agencia EFE, se estima que 25.000 estudiantes indocumentados gozan de tasas económicas para estudiar en las universidades de California.

Tres inmigrantes de Georgia han iniciado acción legal en contra de una ley estatal que le permite a las autoridades locales aplicar la ley federal de inmigración. Además buscan que la demanda se declare acción colectiva para que de esa manera también se represente a muchos otros inmigrantes.

Según expertos, la demanda, presentada la semana pasada en un tribunal federal en Atlanta, sería la primera en cuestionar directamente la legitimidad de la 287 (g), un programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), mediante el cual se entrena a oficiales locales para hacer cumplir la ley federal de inmigración. Desde el 2006, por medio de este programa se han identificado a más de 180.000 inmigrantes que están en el país ilegalmente y se los ha procesado para su deportación.

El juicio implica al director de ICE, John Morton; al alguacil del condado de Cobb, Neil Warren, un investigador del Departamento de Seguridad Pública de Georgia y otros funcionarios.

Según un informe de la AP, la demanda pretende abarcar a “todas las personas hispanas que han sido o serán detenidas e interrogadas dentro del estado de Georgia” por autoridades locales que están aplicando la ley federal de inmigración bajo el programa 287(g).

La demanda alega que ICE no ha entrenado ni supervisado a la policía del condado de Cobb, donde viven los inmigrantes que han presentado la demanda, y que por lo tanto, ICE delegó indebidamente su poder en las autoridades locales.