¿Podría fallo judicial sobre DACA favorecer caso de Acción Ejecutiva?

Por Nelson A. Castillo |
11 Abr. 2015 |
Por Nelson A. Castillo
11 Abr. 2015

El mismo día que el juez federal Andrew Hanen rechazó levantar el bloqueo a las acciones ejecutivas de inmigración, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de DACA en otra demanda.

En una decisión unánime, un panel de tres jueces desechó una demanda presentada por el gobierno del estado de Mississippi y 10 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) atacando la legalidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés).

Los demandantes reclamaban que la implementación de DACA es perjudicial para Mississippi porque el permitir la estadía de más extranjeros impone una carga económica para el Estado.

Por su parte, los 10 agentes de ICE afirmaban que el programa no les permitía hacer su trabajo, haciéndoles violar sus juramentos de defender las leyes de los Estados Unidos al ordenarles que no podían detener a cierto tipo de inmigrantes indocumentados, forzándolos a priorizar a las personas con antecedentes criminales. También, alegaban que recibirían sanciones de empleo si no implementaban DACA.

Los jueces dictaminaron que ni los agentes “ni Mississippi ni los agentes comprobaron un perjuicio suficientemente concreto” para sostener la demanda.

Es importante señalar que de los 3 jueces, 2 fueron nombrados a sus cargos por presidentes republicanos y uno por un demócrata.

Los jueces que evaluaron el caso son W. Eugene Davis, nombrado por el Presidente Ronald Reagan; Priscilla R. Owen, nombrada por el Presidente G.W. Bush y Carolyn Dineen King, nombrada a la corte por el Presidente Jimmy Carter.

Todos llegaron a la misma conclusión: los demandantes no tenían un caso válido.

La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, por lo general, es considerado como el tribunal federal de apelaciones más conservador en el país.

El viernes, 17 de abril del 2015 es la fecha pautada para que la Corte de Apelaciones escuche argumentos orales en el juicio de los 26 estados en contra de la expansión de DACA y la implementación del programa de Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes de Estados Unidos (DAPA, siglas en inglés).

Varios expertos legales consideran que el fallo en el caso de Mississippi y los agentes de ICE sienta un precedente que podría llevar a un dictamen favorable que permita la implementación de DAPA y la expansión de DACA.

Pero los dos casos son muy diferentes. La demanda de los 26 estados asegura que la implementación de la Acción Ejecutiva de inmigración aumentaría los gastos de fuerzas del orden, salud y educación que proveen los gobiernos locales, presentando argumentos específicos del perjuicio a los estados.

Por ejemplo, Texas, que inició la demanda, señala que para cumplir la orden federal, deberán absorber los gastos adicionales para emitir licencias de conducir a los indocumentados albergados por DAPA y la expansión de DACA.

Texas cobra $25 dólares por licencia, pero según información obtenida por el periódico USA Today, al estado le cuesta casi $200 procesarla.

A diferencia del caso de Mississippi, la demanda de los 26 estados presenta evidencias concretas de perjuicios económicos.

Los jueces deberán determinar si las acciones ejecutivas del Presidente Obama son legales y si actuó de forma correcta. De ser así, los jueces podrían levantar el bloqueo temporal y permitir la implementación de DAPA y la expansión de DACA.

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