En una acción de emergencia, un juez federal hoy bloqueó la implementación del decreto del presidente Trump que exigía que se negaran visas de inmigrante y le prohibiera el ingreso al país a extranjeros sin cobertura de salud o que no puedieran costear sus gastos médicos en los Estados Unidos.

El juez federal de distrito de Oregon, Michael H. Simon, emitió la orden de restricción temporal horas antes que el decreto presidencial entrara en vigor a las 12:01 a.m. del 3 de noviembre.

La decisión del juez fue en respuesta a una demanda colectiva entablada for la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, siglas en inglés), el Centro de Acción de Justicia (Justice Action Center) y el “Innovation Law Lab”, con ayuda pro bono del bufete de abogados Sidley Austin LLP, en la que argumentan que la regla es arbitraria y un “abuso de discreción” y pedían que la proclamación se declare ilegal y se prohibiera su implementación.

El decreto presidencial titulado “Proclamación presidencial sobre la suspensión de la entrada de inmigrantes que cargarán financieramente al sistema de salud de los Estados Unidos” (Presidential Proclamation on the Suspension of Entry of Immigrants Who Will Financially Burden the United States Healthcare System) fue emitido el 4 de octubre del 2019.

El 30 de octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un Aviso de Colección de Información para Revisión de Emergencia (Notice of Information Collection for Emergency Review) para poder implementar la proclamación presidencial y dió menos de 48 horas para que el público hiciera comentarios sobre el decreto.

Que dice la orden del juez Simon

El juez Simon emitió un mandamiento judicial prohibitivo provisional (temporary restraining order) en el cual dictaminó que en la etapa inicial del litigio los demandantes demostraron:

  • una probabilidad sustancial de éxito en lo méritos de la demanda. 
  • preguntas serias sobre los méritos con respecto a argumentos que la Proclamación del presidente Trump, su plan de implementación y ejecución entran en conflicto con los reglamentos sobre “carga pública” en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“Immigration and Nationality Act) y los estatutos federales relacionados con la atención médica.
  • preguntas serias sobre los méritos con respecto a si el Aviso de Emergencia fue arbitrario y caprichoso y, por lo tanto, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, Administrative Procedure Act).
  • probabilidad que los demandantes sufran daños irreparables si no hay un alivio temporal.
  • el bloqueo temporal es de interés público.

El juez Simon se negó a determinar por ahora si el Aviso de Emergencia también violó los requisitos procesales de “aviso y comentario” de la APA.

El bloqueo temporal durará un período máximo de 28 días. Durante este tiempo, los litigantes tendrán que presentar argumentos legales sobre si la Corte debe emitir una orden judicial preliminar (preliminary injunction) que suspenda la implementación y ejecución de la Proclamación hasta que la demanda haya sido resuelta en los méritos.

Significado de la decisión y consejos

Por el momento, la Administración Trump no podrá implementar la nueva proclamación presidencial. Sin embargo, el litigio seguirá en marcha y el gobierno federal podría apelar la decisión del juez Simon.

Todo inmigrante que piensa solicitar beneficios migratorios debe ser evaluado por un abogado de inmigración con experiencia y licencia en los Estados Unidos para determinar sus opciones legales antes de comenzar cualquier trámite. Esto es necesario para determinar si la persona llena todos los requisitos, incluyendo el no ser carga pública para los Estados Unidos.