Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans hoy escuchó argumentos orales sobre el bloqueo a la implementación de las acciones ejecutivas de inmigración del Presidente Obama.
La audiencia, que duró aproximadamente dos horas y media, fue para evaluar una apelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la decisión del juez federal Andrew Hanen del Distrito Sur de Texas de impedir que entren en efecto el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes de Estados Unidos (DAPA, siglas en inglés) y la expansión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés) ambos anunciados por el Presidente en noviembre del año pasado.
Durante la audiencia, Benjamin Mizer, representante del Departamento de Justicia, argumentó varios puntos legales, incluyendo que Texas no tiene jurisdicción sobre políticas inmigratorias, ya que solo le corresponden al gobierno federal. También afirmó que las acciones ejecutivas de inmigración del Presidente Obama no requieren notificación previa y oportunidad de recibir comentarios del público antes de implementarlas.
Pero Scott Keller, el abogado representando a Texas, aseguró que darle estatus legal a los indocumentados será una carga económica muy costosa para el estado, señalando específicamente los gastos de entregar licencias de conducción, educación y salud para los inmigrantes que obtengan un estatus legal, aunque sea temporal.
Los jueces Jennifer Elrod, nominada por el presidente George W. Bush, Jerry Smith, nominado por Ronald Reagan, y Stephen Higginson, nominado por Obama, están presidiendo sobre el caso.
Los jueces pusieron fin a la audiencia sin emitir un fallo. No indicaron cuánto tiempo les tomará analizar el caso.
El juez Hanen emitió la orden preliminar el 16 de febrero que bloqueó la puesta en vigor de DAPA y la expansión de DACA, luego que Texas y otros 25 estados presentaran una demanda judicial que alega que las acciones ejecutivas del Presidente Obama son inconstitucionales.
De no ser por el bloqueo, las medidas hubieran entrado en efecto el 18 de febrero, beneficiando a aproximadamente 5 millones de indocumentados en todo el país.
La decisión de los jueces del Quinto Circuito no es el punto final en el caso de DAPA y expansión de DACA. El juez Hanen aún está analizando la constitucionalidad de las acciones ejecutivas del Presidente Obama. Una vez que él dicte su fallo, es probable que sea apelado hasta la Corte Suprema.