Las pasadas dos semanas estuve fuera del país y al regresar a los Estados Unidos, me encontré con la triste realidad que Arizona aprobó la controversial ley SB1070. Esta dura ley le permite a agentes de la policía determinar el estatus migratorio de cualquier persona cuando tenga una “sospecha razonable” que la persona es indocumentada. Si la persona no tiene documentos de identificación, puede ser arrestada al instante.
Otros puntos alarmantes de la ley:
1. Le da autoridad a la policía para arrestar a una persona sin una orden de arresto. Basta tener una sospecha que esa persona haya cometido una ofensa pública que lo sujeta a ser deportado del país.
2. Convierte en un delito el no portar documentos que prueben estatus migratorio.
3. Prohíbe a jornaleros indocumentados pedir trabajo en la calle y los penaliza a ellos y aquellas personas que los emplean, si interrumpen el flujo normal de tráfico cuando solicitan empleo.
A penas una semana después que Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, aprobara la ley, varios grupos pro-inmigrantes, incluyendo a MALDEF, anunciaron que presentaran demandas legales para impedir que la ley entre en vigor el 22 de julio de este año.
Hay una gran probabilidad que esta ley viola varias clausulas de la Constitución de los Estados Unidos. Entre ellas: el derecho único del gobierno federal de legislar sobre leyes de inmigración, la obligación de emitir órdenes de arresto previamente autorizadas por un juez y la libertad de expresión de jornaleros. Además esta ley abre las puertas a posibles violaciones de los derechos civiles. Es preocupante que esta ley también disminuirá la confianza de la comunidad inmigrante en la policía y posiblemente haga que no acudan a ellos cuando sean víctimas de crímenes.
Lo que está sucediendo en Arizona demuestra que es necesario que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley de reforma inmigratoria integral lo más pronto posible.
