Tres jueces federales hoy temporalmente bloquearon la implementación de la nueva regla de la Administración Trump que intentaba declarar a inmigrantes inadmisibles a los Estados Unidos si existía la probabilidad de que pudieran convertirse en una carga pública. La nueva regla iba entrar en vigor el 15 de octubre del 2019.

La decisión de los juristas fue en respuesta a varias demandas legales que buscaban impedir las modificaciones a los reglamentos de inadmisibilidad.

Los jueces dictaminaron que la nueva regla sobre carga pública haría que muchas personas se abstuvieran de solicitar y recibir beneficios públicos por temor que afecten sus trámites migratorios. Esto también causaría grandes perdidas de fondos a los estados, incluyendo subsidios federales para personas inscritas en Medicaid o MediCal.

Al hacer su fallo, determinaron que los demandantes podrían ganar las demandas por varias razones, incluyendo la probabilidad que la nueva definición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de “carga pública” esté fuera de los límites de una interpretación razonable del estatuto. Además, opinaron que los demandantes podrían demostrar que la Administración Trump actuó de manera arbitraria y caprichosa bajo las leyes y Constitución de los Estados Unidos, y que los estados serían perjudicados de manera irreparable si el gobierno federal implementa la nueva regla.

Pueden leer las decisiones de los jueces haciendo clic en los siguientes enlaces:

Opinión y orden del juez George B. Daniels, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York

Opinión y orden de la jueza Rosanna M. Peterson, de la Corte Federal del Distrito Este de Washington

Opinión y orden da la jueza Phyllis J. Hamilton, de la Corte Federal del Distrito Norte de California

Los bloqueos temporales de los jueces Daniels y Peterson tienen efecto nacional. El bloqueo temporal de la juez Hamilton solamente tiene vigor en California, Oregon, Maine, Pensylvania y el Distrito de Columbia.

Significado de las decisiones y consejos

Por el momento, la Administración Trump no podrá implementar la nueva regla sobre carga pública. Sin embargo, los litigios seguirán en marcha y se espera que el gobierno federal apele las decisiones.

Todo inmigrante que piensa solicitar beneficios migratorios debe ser evaluado por un abogado de inmigración con experiencia y licencia en los Estados Unidos para determinar sus opciones legales antes de comenzar cualquier trámite. Esto es necesario para determinar si la persona llena todos los requisitos, incluyendo el no ser carga pública para los Estados Unidos.

Ningúna persona que esté recibiendo beneficio públicos debe dejarlos de usar por temor a la nueva regla sobre carga pública. Toda persona que ha recibido, está recibiendo o piensa solicitar beneficios públicos en los Estados Unidos debe consultar con la oficina estatal encargada de administrar esos servicios en el lugar donde viven para determinar su elegibilidad. Nunca mientan en sus solicitudes para beneficios públicos, incluyendo esconder bienes o ingresos.

Les recuerdo que la nueva ley sobre carga pública tiene varias exenciones y no aplica a ciudadanos estadounidenses. Tampoco aplica a personas que solicitan la residencia permanente por medio de beneficios humanitarios, solicitantes de asilo, jóvenes inmigrantes especiales (SIJS), algunas víctimas de trata de personas (visa T de no inmigrante), víctimas de actividades delictivas cualificadas (visa U de no inmigrante) o víctimas de violencia doméstica (autopeticionarios VAWA), entre otros.

Ante cualquier duda, consulten con un abogado de inmigración antes de cancelar o dejar de solicitar beneficios públicos.