El Departamento de Justicia ayer presentó una demanda legal para bloquear la implementación de la ley H.B. 56 de Alabama, considerando que ésta viola la Constitución de los Estados Unidos. La ley, que está siendo impugnada por el gobierno federal, entraría en vigor el 1ero de septiembre.
La H.B. 56 es considerada la más restrictiva de todas las medidas anti-inmigrantes estatales aprobadas hasta el momento - aún más que la S.B. 1070 de Arizona. Esta ley haría ilegal transportar y ayudar a indocumentados y caminar por las calles sin documentos de identificación. También exigiría a las escuelas que verifiquen el estatus legal de estudiantes y reportar a las autoridades de inmigración a extranjeros sin papeles. Entre otras medidas, la H.B. 56 otorga poderes extraordinarios a las policías locales para arrestar a personas si tienen duda razonable que sean indocumentados.
En la demanda, presentada ante un tribunal federal en el Distrito Norte de Alabama, el Departamento de Justicia señala que varias cláusulas de la H.B. 56 se anteponen a la ley federal y que la aplicación de esta ley podría resultar en "el acoso y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales e incluso ciudadanos de los EE.UU. que no puedan demostrar rápidamente su condición legal." Por lo tanto, busca su anulación.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia aclaró que "aunque el gobierno federal valora la asistencia y cooperación en el cumplimiento de las leyes de inmigración, un estado no puede establecer su propia política inmigratoria y mucho menos, pasar leyes que entran en conflicto con las autoridades federales."
El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, dijo en un comunicado que "establecer políticas de inmigración y hacer cumplir leyes inmigratorias es una responsabilidad nacional que no puede ser reemplazada por un conjunto de leyes estatales".
El jefe de policía de la ciudad de Birmingham ha expresado su preocupación que esta ley perjudicaría la habilidad del departamento de policía de proteger de forma efectiva a la comunidad, ya que obligaría utilizar sus escasos recursos para hacer cumplir leyes inmigratorias.
