Un tribunal federal de apelaciones falló que una ordenanza municipal anti-inmigrante aprobada por la ciudad de Hazleton, Pennsylvania es anti-constitucional. El tribunal dictaminó que la disputada Ley de Alivio a la Inmigración Ilegal, usurpaba la prerrogativa exclusiva del gobierno federal de regular la inmigración. El caso había estado pendiente en las cortes desde el 2008.
La ciudad pretendía penalizar a empresas que emplearan a personas sin documentos y aplicar multas a propietarios que rentaran casas a indocumentados.
Desde un principio, grupos hispanos y defensores de los inmigrantes demandaron al municipio argumentando que la regulación inmigratoria es de competencia exclusiva del gobierno federal. Las leyes nunca fueron aplicadas.
Esta decisión podría sentar un precedente en el caso de la ley S.B. 1070 de Arizona, que será revisada por un tribunal federal durante la primera semana de noviembre.
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