Las demandas, presentadas por un grupo de inmigrantes de Honduras y El Salvador, argumentaron que cuando el Gobierno federal les otorgó el TPS, aunque entraron ilegalmente una sola vez, legitimaron su ingreso al país.
Si el Gobierno federal no apela la decisión, significaría que algunas personas con TPS, que cumplan con todos los requisitos, podrían solicitar la residencia permanente dentro del país.
Quienes calificarían
Personas en el TPS, incluyendo salvadoreños, nicaragüenses y hondureños, que viven en estados bajo la jurisdicción de la Corte Federal de Apelaciones del Octavo Circuito: Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minesota, Misuri y Nebraska.
Para obtener la residencia dentro de los Estados Unidos, un inmigrante amparado por el TPS debe:
* Estar casado con un ciudadano estadounidense o
* Tener hijos estadounidenses mayores de 21 años de edad
* Ser admisible al país y no haber cometido ciertos actos que los descalifiquen, incluyendo tener ciertos antecedentes criminales o una orden de deportación
Cómo solicitar residencia permanente si tienen TPS
Cónyuges o hijos estadounidenses deberán presentar una petición familiar a favor del inmigrante con TPS junto con una solicitud de ajuste de estatus para hacer el trámite dentro de los Estados Unidos.
Gobierno puede apelar fallo
El Gobierno federal tiene 90 días para apelar la decisión de la Corte de Federal de Apelaciones del Octavo Circuito.
Si apela la decisión, es posible que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte el caso ya que hay dos Cortes Federales de Apelaciones que han dictaminado que personas en el TPS no han sido inspeccionadas y admitidas (inspected and admitted, en inglés) simplemente por haber obtenido el TPS.
Si el Gobierno no apela la decisión, el fallo del panel de jueces queda como ley, permitiendo que ciertos inmigrantes con TPS casados con ciudadanos, o que tengan hijos ciudadanos mayores de 21 años de edad, y que vivan en la jurisdicción de la Corte Federal de Apelaciones del Octavo Circuito, puedan obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos.
Al no tener que salir del país para hacer el trámite consular, no se impondría la ley del castigo (unlawful presence bar, en inglés). Esta ley no permite a personas que han vivido ilegalmente en los Estados Unidos más de 180 días después del 1ro de abril de 1997, regresar al país por un periodo de 3 ó 10 años.
Antecedentes a favor y en contra de personas bajo TPS
Anteriormente, la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito había emitido una decisión similar amparando a ciertos inmigrantes con TPS dentro de su jurisdicción en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee.
También, la corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una decisión similar que ayuda a algunos inmigrantes con TPS dentro de su jurisdicción en los estados de Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington.
Sin embargo, la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito (Delaware, Islas Vírgenes, Nueva Jersey y Pensilvania) y la Corte Federal de Apelaciones del Onceavo Circuito (Alabama, Florida y Georgia) han dictaminado que personas en el TPS no han sido inspeccionadas y admitidas al recibir el TPS, y por lo tanto, no pueden solicitar la residencia permanente dentro de los Estados Unidos.
Además, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó el 14 de septiembre del 2020 que el gobierno del presidente Donald Trump puede poner fin a las protecciones humanitarias del TPS que ha permitido que cientos de miles de inmigrantes, impactados por desastres naturales y guerras civiles, puedan vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, durante los últimos 22 años.
Recomendaciones importantes
Personas bajo TPS que no vivan en la jurisdicción de las Cortes Federales de Apelaciones del Sexto, Octavo y Noveno Circuitos podrían moverse a estas jurisdicciones para solicitar la residencia permanente si llenan los requisitos necesarios, incluyendo establecer que son residentes de los estados cubiertos por estas cortes federales.
Toda persona debe consultar con un abogado de inmigración antes de iniciar cualquier trámite migratorio o mudarse a otro estado para tratar de obtener beneficios migratorios.
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