Oswaldo Rafael Cabrera, el dueño de Coalición Latinoamericana Internacional en Los Ángeles, y su esposa y cómplice María Marcelina Rodas, hoy estuvieron en la Corte Superior de Los Ángeles para ser instruidos de los cargos criminales en su contra por estafar a inmigrantes.
Por medio de defensores públicos, ambos se declararon no culpables de los cargos.
Cabrera enfrenta 22 cargos de hurto mayor, tentativa de hurto mayor, intento de perjurio y conspiración para practicar el derecho de forma ilegal.
Todos los cargos son delitos graves (felony, en inglés). De ser encontrado culpable, enfrenta una sentencia máxima de 13 años y 4 meses de cárcel.
Rodas enfrenta un cargo de conspiración a violar la ley de consultores de inmigración, cometiendo múltiples actos ilícitos junto con su esposo. El cargo de conspiración es considerado un delito grave. De ser encontrada culpable, enfrenta una sentencia máxima de tres años de cárcel.
Cabrera y Rodas, arrestados el miércoles, han permanecido desde entonces en la cárcel. Cabrera tiene una fianza de $650.000 y Rodas de $40.000.
Durante la audiencia, la procuradora a cargo del caso señaló que recuperaron aproximadamente 1.200 archivos de clientes de Cabrera durante el registro de sus oficinas y que están revisándolos para determinar si identifican a más víctimas. De ser así, podrían aumentarse los cargos contra Cabrera.
Tal como lo reporté ayer, la Procuraduría estatal de California presentó los cargos contra Cabrera luego que el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del condado de Los Ángeles investigara múltiples quejas de presuntas víctimas de Cabrera.
El acta de la orden de detención alega que Cabrera a menudo se presentó como un abogado, dio asesoría legal y prestó servicios legales, llegando a cobrar hasta $9.000 dólares, a pesar de no tener autorización o licencia para ejercer derecho.
Según la acusación penal, en numerosas ocasiones Cabrera se hizo pasar por abogado, prestó servicios legales sin autorización cobrando miles de dólares, engañó a sus víctimas sobre el estado de sus casos, y ofreció hacer trámites migratorios para los cuales no eran elegibles, perjudicando y hasta provocando la deportación de familiares.
El Juez Gustavo Sztraicher marcó la fecha para la audiencia preliminar para el 22 de diciembre del 2016.
