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Cómo reportar a un consultor de inmigración

Esta semana en mi columna de La Opinión contesto la pregunta de un lector sobre un tema muy importante para la comunidad inmigrante: el uso indebido de consultores de inmigración para asesoría legal.

Fui a un consultor de inmigración en Los Ángeles que prometió ayudarme a arreglar mis papeles. Le pagué miles de dólares pero al final no me arregló nada. Siento que me estafó. ¿Cómo puedo denunciarlo? -Cristina S.

En Estados Unidos solamente un abogado con licencia o un representante acreditado por el gobierno federal puede dar consejos legales y representarlo en las cortes de inmigración o las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Un consultor de inmigración o notario público NO puede asesorarlo legalmente. Si lo hace, está violando la ley. Por ejemplo, un consultor de inmigración no puede entrevistarlo y luego decirle qué tiene que hacer legalmente y qué formularios tiene que completar.

Un consultor de inmigración solo puede llenar formularios bajo la instrucción de la persona que lo contrata. También puede traducir documentos, siempre y cuando esté capacitado para hacerlo, y asistirle a encontrar un representante legal.

Todos los consultores de inmigración deben presentar una fianza de 50,000 dólares con la Secretaria de Estado de California. Si no lo hace, estará sujeto a cargos criminales. Esta fianza es para el beneficio de cualquier persona perjudicada por un fraude u otros actos ilícitos. Usted debe pedir ver una prueba de esta fianza. Si el consultor de inmigración se rehusa a mostrársela o no la tiene, no use sus servicios. Busque a un profesional legal autorizado que lo ayude.

Antes de realizar cualquier trabajo, por ley, los consultores de inmigración deben firmar un contrato con el cliente que detalle todos los servicios que realizará y su costo total. Este contrato debe ser aprobado por el estado de California. La ley exige que el contrato esté escrito en inglés y su idioma nativo. Usted tiene el derecho de cancelar el contrato por cualquier razón en el plazo de tres días y recibir un reembolso completo.

Es ilegal que un consultor de inmigración use los términos “notario” o “licenciado” o hacerse pasar como un abogado.

Si fue víctima de un notario o consultor de inmigración, presente una queja lo antes posible en el departamento de la policía. Además, notifique a la Oficina de Ayuda al Inmigrante del Departamento de Justicia de California, llamando al 1-888-587-0557.

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Abren líneas de ayuda para reportar violaciones de derechos civiles ante S.B. 1070

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha habilitado líneas de ayuda de teléfono para responder a preguntas sobre cómo la gente puede reportar posibles violaciones de derechos civiles en Arizona y si tiene preguntas adicionales para el DOJ sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Arizona S.B. 1070.

Esta es la línea de ayuda para reportar violaciones de derechos civiles:

855-353-1010

La llamada es gratuita.  También puede enviar un e-mail a esta dirección: Sb1070@usdoj.gov

Para consultas adicionales con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos llame a este número:

202-514-3465

Este número no es gratuito.  También puede enviar un e-mail a esta dirección: oipl@usdoj.gov

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Fallo de Corte Suprema declara mayoría de S.B. 1070 inconstitucional

En una decisión presentada ayer, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló que tres secciones de la ley anti-inmigrante de Arizona S.B. 1070 son inconstitucionales, pero aprobó la sección más controversial  y la que muchos temen llevará a la implementación de perfil racial de Latinos en Arizona.

En un voto de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal invalidaron las siguientes tres disposiciones:

1. la que obligaba a portar documentos migratorios, pues se consideraba delito no tener un registro federal

2. la que convertía en crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo

3. la que permitía arrestar a sospechosos de estar en situación migratoria irregular, sin una orden de arresto.

La Corte Suprema aprobó la cláusula 2(B).  Esta parte es la más controversial de la ley S.B. 1070, porque permite a la policía estatal solicitar documentos para determinar la situación migratoria de alguien legalmente detenido o arrestado si existe “sospecha razonable” de que es indocumentado.

Sin embargo, la Corte dejó abierta la posibilidad que esta sección podría estar sujeta a demandas judiciales dependiendo en cómo sea implementada.

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Gobierno de EE.UU. entabla demanda contra Alabama por ley anti-inmigrante

El Departamento de Justicia ayer presentó una demanda legal para bloquear la implementación de la ley H.B. 56 de Alabama, considerando que ésta viola la Constitución de los Estados Unidos. La ley, que está siendo impugnada por el gobierno federal, entraría en vigor el 1ero de septiembre.

La H.B. 56 es considerada la más restrictiva de todas las medidas anti-inmigrantes estatales aprobadas hasta el momento – aún más que la S.B. 1070 de Arizona. Esta ley haría ilegal transportar y ayudar a indocumentados y caminar por las calles sin documentos de identificación. También exigiría a las escuelas que verifiquen el estatus legal de estudiantes y reportar a las autoridades de inmigración a extranjeros sin papeles. Entre otras medidas, la H.B. 56 otorga poderes extraordinarios a las policías locales para arrestar a personas si tienen duda razonable que sean indocumentados.

En la demanda, presentada ante un tribunal federal en el Distrito Norte de Alabama, el Departamento de Justicia señala que varias cláusulas de la H.B. 56 se anteponen a la ley federal y que la aplicación de esta ley podría resultar en “el acoso y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales e incluso ciudadanos de los EE.UU. que no puedan demostrar rápidamente su condición legal.” Por lo tanto, busca su anulación.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia aclaró que “aunque el gobierno federal valora la asistencia y cooperación en el cumplimiento de las leyes de inmigración, un estado no puede establecer su propia política inmigratoria y mucho menos, pasar leyes que entran en conflicto con las autoridades federales.”

El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, dijo en un comunicado que “establecer políticas de inmigración y hacer cumplir leyes inmigratorias es una responsabilidad nacional que no puede ser reemplazada por un conjunto de leyes estatales”.

El jefe de policía de la ciudad de Birmingham ha expresado su preocupación que esta ley perjudicaría la habilidad del departamento de policía de proteger de forma efectiva a la comunidad, ya que obligaría utilizar sus escasos recursos para hacer cumplir leyes inmigratorias.

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Gobernador de New York suspende programa “Comunidades Seguras”

El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, anunció ayer que su estado suspenderá su participación en el programa Comunidades Seguras.  La oficina del gobernador envió una carta al Departamento de Seguridad Interna (DHS) notificándole que debido a numerosas quejas y la preocupación por el bienestar y seguridad de residentes de su estado, Nueva York se retira del programa.

En la carta se señala que el objetivo original del programa era de dar con el paradero de criminales, pero que “de hecho, está teniendo el efecto contrario y está afectando la seguridad pública al disuadir a testigos de crímenes y a otras personas de colaborar con la policía.”  Además afirma que “la administración toma muy en serio no solo su obligación de mantener la seguridad de los residentes de Nueva York, sino también su confianza en la integridad del gobierno.”

Bajo los términos del programa, cuando una persona es arrestada, automáticamente revisan sus huellas digitales contra la base de datos del FBI y contra la del Departamento de Seguridad Interna (DHS), para verificar el estatus legal de la persona, y así encontrar a inmigrantes indocumentados.  Si las huellas coinciden con alguna dentro del sistema biométrico del DHS, se notifica a ICE, para que procesen a la persona bajo las leyes de inmigración.

El programa, iniciado en el 2008 por la administración del Presidente George W. Bush, se está haciendo cumplir con mayor vigor por la administración del Presidente Barack Obama.

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Sheriff de San Francisco rechaza cumplimiento de “Comunidades Seguras”

El Sheriff de San Francisco, Michael Hennessy anunció que comenzará a poner en libertad a inmigrantes indocumentados que están en la cárcel por crímenes menores, aunque autoridades del gobierno federal soliciten que permanezcan detenidos para someterlos a una audiencia de deportación.

San Francisco es una “ciudad santuario”, así establecido por una ordenanza aprobada en 1989.  La ordenanza prohibe a empleados municipales a ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) con investigaciones, arrestos o hacer cumplir leyes de inmigración a menos que se trate de un delito grave (felony, en inglés).

La nueva política del Sheriff está destinada a hacer cumplir la ordenanza de ciudad santuario, y entrará en vigor el 1ro de junio.

Actualmente, agentes del sheriff mantienen a indocumentados acusados de crímenes menores encarcelados hasta que ICE los llega a buscar. Pero a partir del 1ro de junio, agentes del sheriff los pondrán en libertad dándoles un citatorio, de la misma manera que  se haría con un ciudadano de los EE.UU., aunque haya una orden de detención de ICE.

En un editorial publicado el domingo pasado en el San Francisco Chronicle, el sheriff defiende su decisión.  Asegura que el “controversial programa Comunidades Seguras destruye los lazos de confianza con los inmigrantes residentes” de la ciudad y pone en peligro la seguridad pública, si personas que han sido víctimas o testigos de un crimen no lo reportan por temor a ser arrestados y deportados.

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Madre indocumentada gana juicio civil

Un juez federal dictaminó que los derechos civiles de Juana Villegas fueron violados cuando las autoridades carcelarias la mantuvieron esposada a una cama durante las etapas finales de su trabajo de parto y su recuperación post-parto.  El Juez de la Corte de Distrito de EE.UU. William Haynes Jr. ahora deberá fijar una audiencia para determinar la compensación por daños y perjuicios contra el gobierno metropolitano de Nashville y la Oficina del Sheriff del Condado de Davidson en Tennessee.

En julio del 2008, cuando Juana tenía 9 meses de embarazo, fue detenida durante una parada de tráfico por la policía de Nashville por conducir imprudentemente, no tener licencia de conducir, y porque no tenía seguro de auto. Al verificarse que Juana estaba ilegalmente en el país y que previamente había sido deportada, la llevaron a la cárcel del Condado de Davidson, donde dió a luz 2 días después de su arresto.  Durante su trabajo de parto permaneció esposada a una cama, la separaron de su hijo recién nacido durante 2 días, y no le permitieron tener en su celda un extractor de leche que utilizan las madres lactantes.

Expertos de la oficina del Sheriff  justificaron el uso de los grilletes durante los partos argumentando que existía el peligro que inmigrantes indocumentados huyan y participen en actividades ilegales.  Contrario a ese testimonio, en su decisión de este pasado miércoles 27 de abril, el juez Haynes falló que Juana no era “ni un riesgo de fuga ni un peligro para nadie”.  En documentos presentados ante la corte, el personal médico testificó que le pidieron a los agentes del sheriff que le quitaran a la embarazada las esposas.

El caso de Juana Villegas hizo que la oficina del sheriff cambiara su política de restricción de mujeres embarazadas.  Según lo que funcionarios le dicen a la prensa, ahora solamente esposan a mujeres embarazadas durante el proceso de transporte de un lado a otro, o si hay una amenaza creíble de que intenten escaparse.

Aunque Juana ganó este juicio civil, no significa que podrá permanecer en los Estados Unidos.  Queda pendiente su caso ante las autoridades de inmigración.

El diario The Tennessean tiene el video de cuando Juana fue detenida durante una parada de tráfico.  Puede verlo aquí.

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Policía de Los Ángeles cambia política de incautación de autos de conductores ebrios sin licencia

El departamento de policía de Los Ángeles (LAPD, siglas en inglés) anunció que ha hecho revisiones a sus protocolos de incautación de vehículos durante operativos de retenes de control de sobriedad.

Ahora, personas identificadas por la policía como conductores manejando bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI, siglas en inglés) que no tienen licencia de conducir, tendrán la oportunidad de evitar la incautación automática de sus autos.

Si no tiene licencia y el LAPD determina que está ebrio al pararlo en un retén de control de sobriedad – o simplemente descubren que está manejando sin licencia –  le permitirán entregarle el auto al titular – o sea, a la persona que ha registrado el vehículo.  Esto, siempre y cuando esa persona tenga una licencia válida para conducir y esté allí presente o pueda llegar al retén dentro de un plazo razonable de tiempo.

Si el auto está registrado a su nombre y no tiene licencia, podrá autorizar la entrega del vehículo a un conductor con licencia que esté presente en el lugar donde fue detenido por un DUI.  Al conductor sin licencia la policía le expedirá una infracción.

Si no tiene a un conductor con licencia que pueda tomar posesión del auto por usted, el vehículo será confiscado por el LAPD.

Esta nueva política del LAPD beneficia a inmigrantes indocumentados que están conduciendo sin licencia.  Previamente, la policía incautaba autos en retenes sobriedad por el simple hecho que el conductor no tenía licencia, aunque no estuviera manejando bajo la influencia del alcohol. Y tampoco le daban la posibilidad de recuperar el auto sin antes pagar grandes sumas de dinero por servicios de remolque, multas, y tarifas de recuperación del vehículo.

Según cifras obtenidas por el diario La Opinión, en el 2010 la policía de Los Ángeles incautó más de 73.800 autos en retenes de sobriedad y detenciones de rutina.

La nueva medida será adoptada exclusivamente para los controles de alcoholemia.  Eso significa que aún existe la posibilidad que la policía confisque su auto si lo detienen durante una infracción de tránsito. Conductores con licencias revocadas o suspendidas tampoco podrán evitar que incauten sus autos.

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Dr. Nelson A. Castillo


El Dr. Nelson A. Castillo es un abogado de inmigración y autor de "La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos". Es graduado de la Universidad St. John's en Nueva York, con un bachillerato en finanzas y un doctorado en leyes. Está matriculado en el Colegio de Abogados de Nueva York y puede ejercer como abogado de inmigración en todos los Estados Unidos.


Es uno de los más reconocidos abogados de inmigración en los Estados Unidos y está disponible para representar a clientes alrededor del país, incluyendo en California y Nueva York.


Durante su trayectoria profesional ha ayudado a clientes, dentro y fuera del país, alcanzar sus objetivos inmigratorios.


Nacido en El Salvador, llegó a los Estados Unidos a los 11 años. Como otros inmigrantes, superó muchos obstáculos pero logró estudiar y trabajar en una profesión donde puede ayudar a los demás. Debido a su compromiso e incansable trabajo brindando ayuda a su comunidad, el Dr. Castillo ha recibido numerosos premios y reconocimientos.


Para información sobre como programar una consulta migratoria con el Dr. Castillo, hacer clic aquí.