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Estafadora de inmigrantes Judith Palma sentenciada a 10 años de prisión

Judith Palma

Judith Palma, arrestada en febrero del 2017, se declaró culpable de 17 cargos por estafar a inmigrantes.

Judith Palma, una hondureña que también se hacía llamar Roma Smith, fue sentenciada a 10 años de prisión por estafar a más de 30 inmigrantes a quienes les había prometido ayudar a obtener estatus legal y tramitar documentos de inmigración en los Estados Unidos.

Palma se declaró culpable de 17 delitos mayores (felonies) de robo este pasado jueves, 17 de agosto – seis meses después de su arresto en Indianápolis, Indiana el 10 de febrero de este año.

La fiscalía la acusó de robarle casi $68,000 dólares a 31 inmigrantes por servicios fraudulentos. Sin embargo, se cree que Palma puede haber victimizado hasta 170 personas.

Según las autoridades, Palma conoció a sus víctimas en iglesias y les ofrecía sus servicios, asegurándoles que tenía a una conexión en la Oficina de Inmigración de Indianápolis que la ayudaba a conseguir la residencia permanente legal y otros documentos para inmigrantes indocumentados.

Además de la sentencia de prisión, se le ordenó a Palma pagar $274,113 dólares de restitución a sus víctimas.

No es la primera vez que la hondureña es acusada de estafar a inmigrantes. En el 2009, Palma se declaró culpable de un fraude similar en Indianápolis. Fue sentenciada a dos años de prisión y fue deportada. Pero reingresó al país y retomó sus actividades fraudulentas hasta su arresto.

Le agradezco a la Fiscalía del Condado de Marion, Indiana por investigar y enjuiciar a Judith Palma. En especial quiero agradecerle a los abogados, investigadores e interpretes de la Division del Gran Jurado y al Fiscal Terry R. Curry por todo el trabajo que han hecho para ayudar a la comunidad inmigrante.

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Tras cierre de oficina del falso abogado Eddie Bonilla, ¿qué pasa con mi caso?

En mi reciente columna Consulta Migratoria® contesto la pregunta de una lectora preocupada sobre el caso de su hijo tras la sentencia y cierre de oficina de un falso abogado.

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Esta es la columna:

Contraté a Eddie Bonilla para ayudarme con el caso de asilo de mi hijo. Me dijo que era abogado, pero ahora me entero que no es así y que las autoridades cerraron su oficina. ¿Qué pasa ahora con el caso y con todos los documentos que le di al señor Bonilla? –Leticia G.

Leticia, así es, las autoridades investigaron a Eddie Bonilla tras recibir quejas en su contra y determinaron que estaba ejerciendo leyes sin licencia en su negocio Servicio Latino Legal Office (Oficinal Legal Servicio Latino) y SLLSCO Inc.

Eddie Rivas Bonilla

En una entrevista con Univision, Eddie Rivas Bonilla reconoce que no es abogado.

Bonilla, cuyo apellido legal completo es Rivas Bonilla, fue enjuiciado. No disputó los cargos en su contra y fue sentenciado a 24 meses de libertad condicional. También se le ordenó pagar $1,450 dólares de multa, cumplir 10 días de labor comunitaria y no practicar leyes sin licencia.

Pero Bonilla violó los términos de la libertad condicional y siguió atendiendo a clientes. Las autoridades lo descubrieron y un juez le agregó términos adicionales a la sentencia a fines de junio de este año.

Al ver el incumplimiento de Bonilla, y temiendo que podría causarle mayor perjuicio a sus clientes, la Corte Superior del Estado de California tomó posesión de Servicio Latino Legal Office y SLLSCO Inc. y cerró la oficina. Además, designó a la Barra de Abogados de California para que contacte a todos los clientes, les regrese sus archivos y les aconseje que busquen a un abogado de inmigración con licencia para revisar sus casos.

Pueden leer todos los detalles del caso haciendo clic aquí.

Lo más importante ahora para seguir el caso de tu hijo es acudir a un abogado de inmigración con licencia y experiencia que analice su situación, revise sus archivos y determine sus opciones legales.

Si aún no te han contactado para recuperar tus archivos, puedes llamar a la Barra de Abogados de California al 213-765-1663 o al 1-800-843-9053. Llamando a ese número también podrás  presentar una queja en contra de Eddie Rivas Bonilla, su negocio Servicio Latino Legal Office, SLLSCO Inc. o alguna otra persona asociada con su organización.

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Miles de inmigrantes pueden haber sido defraudados por falso abogado Eddie Bonilla

La Corte Superior del Estado de California tomó posesión de la oficina de Eddie Bonilla, quien falsamente se hacía pasar por abogado, para recuperar los archivos de aproximadamente 2.000 clientes que le pagaron por asesoramiento legal, aunque operaba su negocio sin autorización.

Esta acción se realizó bajo una orden judicial interina para proteger a los clientes, luego de descubrir que Bonilla (cuyo apellido legal es Rivas Bonilla), acusado de practicar leyes sin licencia por la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles, seguía operando su negocio ilegalmente, desobedeciendo una orden judicial impuesta en mayo del 2017 que le prohíbe continuar ofreciendo servicios legales de inmigración.

Eddie Rivas Bonilla

En una entrevista con Univision, Eddie Rivas Bonilla reconoce que no es abogado.

La corte designó a la Barra de Abogados de California para que se ponga en contacto con todos los clientes de Bonilla para devolverles sus documentos y expedientes y aconsejarles que busquen a un abogado con licencia para revisar sus casos.

La orden judicial también congela las cuentas bancarias de Bonilla y su negocio.

La Corte Superior del Estado de California emitió una orden judicial interina para proteger a los clientes del falso abogado Eddie Rivas Bonilla.

Cargos criminales y acción legal contra Eddie Rivas Bonilla

En noviembre del 2016, la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles presentó cargos criminales contra Bonilla por practicar leyes sin licencia y violar la ley de consultores de inmigración, tras una investigación realizada por el Departamento de Asuntos del Consumidor y de Negocios del Condado de Los Ángeles en noviembre del 2015.

Durante un operativo encubierto y grabado, Bonilla le prometió a un investigador que se hizo pasar como un potencial cliente que le podía garantizar un 85 a 90% de posibilidad de obtener asilo si le pagaba $5.000 dólares por adelantado.

Según las autoridades, Bonilla no tiene licencia para ejercer leyes y no está autorizado bajo la ley federal a representar a los consumidores ante la Junta de Apelaciones de Inmigración o el Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Eddie Rivas Bonilla business card

La tarjeta de presentación de Eddie Rivas Bonilla, que indica que provee servicios de abogado, fue sometida como evidencia ante la corte.

En una audiencia realizada el 10 de abril del 2017, Bonilla declaró “no contest” al cargo de ejercer leyes sin licencia, acordando no disputar los cargos en su contra. Aunque declaró “no contest”, para fines de la ley y la corte Bonilla es considerado culpable de los cargos y ahora tiene un récord criminal.

La corte sentenció a Bonilla a 24 meses de libertad condicional y le ordenó pagar $1.450 dólares de multa, cumplir 10 días de labor comunitaria y no practicar leyes sin licencia.

Pero Bonilla violó los términos de su libertad condicional. En otra operación encubierta el 16 de mayo del 2017, investigadores encontraron que Bonilla seguía operando su negocio Servicio Latino Legal Office y SLLSCO, Inc, ubicado en 1625 W. Olympic Blvd., Suite M- 107 en Los Ángeles, California.

El 30 de junio del 2017, un juez revocó y restableció la libertad condicional de Bonilla y agregó términos adicionales a la sentencia, incluyendo 90 días de cárcel suspendidos, 10 días adicionales de labor comunitaria y ordenó un pago adicional de $500 de multa. Además, se le ordenó no destruir, alterar o remover ningún archivo de clientes que tenía en su posesión.

Barra de Abogados de California toma posesión de oficina de Servicio Latino Legal Office

Ante el historial de Bonilla, su incumplimiento de la orden de prohibición de ejercer la práctica no autorizada de leyes, y la violación de su libertad condicional, la Barra de Abogados de California presentó una petición para que la corte tome jurisdicción de Servicio Latino Legal Office y SLLSCO Inc. y todos los expedientes para evitar mayor perjuicio de los clientes.

También, solicitó una orden judicial que prevenga a Bonilla de seguir ejerciendo leyes sin licencia y destruir información de sus clientes.

La jueza Amy D. Hogue autorizó la petición de urgencia y pautó la próxima audiencia de Bonilla para el 26 de julio del 2017.

Oficina Servicio Latino

Notificación de la Barra de California que advierte que la Corte Superior del Estado de California ha tomado jurisdicción de la oficina de Servicio Latino Legal Office, operada por Eddie Rivas Bonilla.

Servicio Latino Legal Office y SLLSCO Inc.

Bonilla operaba su negocio bajo el nombre de Servicio Latino Legal Office (Oficina Legal Servicio Latino) y SLLSCO Inc.

Servicio Latino Legal Office es una corporación fundada en California en junio del 2004. La más reciente Declaración de Información (Statement of Information, en inglés) presentada con el Secretario de Estado del Estado de California, lista a Eddie Bonilla como presidente, secretario y director financiero, y a Hernán Bonilla cómo el representante designado para recibir notificaciones legales.

La organización actualmente está suspendida por el Secretario de Estado y el Departamento de Impuestos (Franchise Tax Board, en inglés) del Estado de California.

Información corporativa de Servicio Latino Legal Office y Eddie Bonilla en la página web del Secretario de Estado de California.

SLLSCO Inc. es una corporación fundada en California en marzo del 2013. La más reciente Declaración de Información presentada con el Secretario de Estado del Estado de California, lista a Eddie Bonilla como presidente y representante designado para recibir notificaciones legales. También, lista a Sandra Molina como secretaria y Samuel Galdámez como director financiero.

Información corporativa de SLLSCO, Inc. y Eddie Bonilla en la página web del Secretario de Estado de California.

Donde reportar más quejas 

Si usted o alguien que conoce fue víctima de Eddie Rivas Bonilla, Servicio Latino Legal Office, SLLSCO Inc. u otra persona asociada con esta organización, llame a la Barra de Abogados de California al 213-765-1663 o al 1-800-843-9053 y presente una queja.

Si piensan que han sido víctimas de estafa migratoria por algún otro consultor de inmigración o notario, repórtenlo a las autoridades del estado donde usted vive y a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos llamando al 1-877-382-4357.

Es muy importante que no se queden callados si han sido víctimas de Eddie Rivas Bonilla, Servicio Latino Legal Office, SLLSCO Inc. o cualquier otra agencia o individuos que operan ilegalmente. Solo así podrá caer el peso de la ley sobre estas personas y cerrar negocios que se aprovechan de inmigrantes.

Proveedores como Eddie Rivas Bonilla y su negocio Servicio Latino Legal Office y SLLSCO Inc. que ofrecieron servicios legales sin licencia han causado daño a inmigrantes, aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidad de buscar un estatus legal en los Estados Unidos.

Le agradezco a la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Asuntos del Consumidor y de Negocios del Condado de Los Ángeles y la Oficina Principal de Abogacía de la Barra de Abogados del Estado de California por investigar y enjuiciar a Eddie Rivas Bonilla y su negocio. En especial quiero agradecerle a los investigadores Rigoberto “Rigo” Reyes, Esther Martínez y Frank Capetillo, al Fiscal Mike Feuer y el sub-fiscal Austin Travis, y a los abogados Steven J. Moawad y Elizabeth Stine por todo el trabajo que han hecho para ayudar a la comunidad inmigrante.

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Juez sentencia a Rose Sánchez-Cañete por estafar a inmigrantes en Virginia

Rose Sánchez-Cañete (Foto: Policía del Condado de Fairfax en Virginia)

Diez meses después que un jurado encontró a Rose Sánchez-Cañete culpable de estafar a inmigrantes, el juez en el caso finalmente dictó sentencia.

La demora se debió a maniobras legales del equipo defensor de Sánchez-Cañete, que logró la postergación de su sentencia cinco veces.

El juez Michael F. Devine impuso una pena de 24 meses de cárcel y una multa de $5.000 dólares por los dos cargos de delito mayor (felony, en inglés) en contra de Sánchez-Cañete – tal como lo había recomendado el jurado en agosto del año pasado. Pero suspendió 17 meses de la sentencia de cárcel y $2.500 de la multa.

Eso significa que Sánchez-Cañete solo tendrá que servir 7 meses de cárcel, dándole la posibilidad de solicitar arresto domiciliario.

Condiciones de la sentencia

Según la abogada Rachel Roberts de la Oficina del Fiscal del Condado de Fairfax del Estado de Virginia, el juez Devine estipuló que Sánchez-Cañete, también conocida como Rose Marie Sanchez Canete, permanecerá dos años bajo libertad condicional activa. Ordenó como condición especial que no podía practicar leyes o involucrarse con organizaciones que sirven a la misma comunidad a la cual ella fue encontrada culpable de defraudar. También ordenó la restitución de miles de dólares a sus víctimas.

Sánchez-Cañete, que fue durante muchos años la directora ejecutiva de la organización Latino Federation of Tenants Association (LAFEOTA, siglas en inglés) en Alexandria, Virginia, y quien inicialmente enfrentaba un total de seis cargos criminales – cuatro por fraude y dos por practicar leyes sin licencia – fue encontrada culpable de falsamente prometerle a dos inmigrantes indocumentados conseguirles la residencia permanente.

Rose Sánchez Cañete cargos criminales

Rose Sánchez Cañete inicialmente enfrentaba cuatro cargos criminales por fraude y dos por practicar leyes sin licencia en el Condado de Fairfax de Virginia.

Sánchez-Cañete apelará sentencia

El juez Devine autorizó una fianza de apelación de $2.500 dólares. Esto significa que Sánchez-Cañete puede permanecer en libertad mientras presenta una apelación de su caso ante la Corte de Apelaciones de Virginia. Además puede postergar el pago de la multa y restitución hasta que culmine la apelación.

La sentencia de Sánchez-Cañete no es suficiente

Un jurado determinó que Sánchez-Cañete era una estafadora de inmigrantes tras evaluar la evidencia y testimonios en su contra. También, recomendó que Sánchez-Cañete cumpla una sentencia de 2 años de cárcel y pague $5.000 en multas. Sánchez-Cañete pudo haber sido sentenciada entre 1 a 20 años de cárcel por cada cargo del cual ha sido encontrada culpable.

La decisión del juez Devine de suspender 17 meses de la sentencia de cárcel y $2.500 de la multa es inaceptable.

Suspender parte de la sentencia en este caso, en contra de la voluntad del jurado y la Oficina del Fiscal del Condado de Fairfax en el Estado de Virginia, es darle poca importancia al fraude migratorio – no solo en Virginia, sino en todo el país.

Los crímenes de Sánchez-Cañete no son menores. Son delitos mayores. Y de esa manera deberían tratarse. Las sentencias para este tipo de casos deben ser más severas para mandar un mensaje claro y fuerte: si violas la ley y estafas y defraudas a inmigrantes, serás castigado con todo el peso de la ley.

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El peligro de notarios y consultores de inmigración

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana recalco los peligros de ir a notarios y consultores de inmigración y por qué creo que el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles no debe aprobar un proyecto municipal que les otorgue licencias.

Esta es la columna:

En Los Ángeles, el Fiscal de la Ciudad Mike Feuer anunció una nueva campaña para alertar e informar a la comunidad inmigrante sobre cómo prevenir ser víctimas de fraude a manos de notarios y consultores de inmigración, e hizo un llamado a que la gente reporte a estafadores y personas que violan la ley dando consejos y haciendo trámites legales sin licencia.

He sido testigo del impacto devastador de estas personas que se hacen pasar como expertos legales de inmigración, cuando no lo son, defraudando y estafando miles de dólares a personas desesperadas por permanecer legalmente en el país.

Por eso, felicito toda iniciativa cuyo fin sea informar y proteger a inmigrantes de gente inescrupulosa.

El Fiscal Feuer señaló que en estos momentos de gran ansiedad en la comunidad inmigrante, es importante prevenir la victimización de inmigrantes y castigar a quienes se aprovechen del miedo de los inmigrantes a ser deportados.

Pero durante la conferencia de prensa donde anunció la iniciativa educativa de la Fiscalía, el Fiscal Feuer expresó que apoya un proyecto municipal presentado por los concejales Nury Martínez y Gil Cedillo que propone crear un sistema para registrar y otorgar licencias a notarios y consultores de inmigración.

En eso, estoy en total desacuerdo. Crear un sistema que otorgue licencias a notarios y consultores de inmigración es un error porque le da credibilidad a personas inexpertas. También provoca confusión.

Por una parte, el Fiscal y los concejales de la ciudad enfatizan que los notarios y consultores de inmigración NO pueden dar ningún tipo de asesoría legal y reafirman los peligros de acudir a estas personas. Pero por otra, están sugiriendo aprobar una proyecto municipal para darles licencias para operar.

El argumento de los concejales Martínez y Cedillo es que el proyecto municipal, que aún no ha sido aprobado por el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles, permitiría el registro de estas personas y haría más fácil monitorearlas.

Pero la realidad es que ya existen mecanismos legales a nivel estatal para el registro, monitoreo, investigación y enjuiciamiento de notarios y consultores de inmigración. Por ejemplo, ya hay leyes que penalizan el hurto mayor (grand theft, en inglés), intento de hurto mayor (attempted grand theft), perjurio(perjury), conspiración (conspiracy), falsificación (forgery), mentir en trámites migratoriosviolaciones de la Ley de Consultores de Inmigración y la práctica ilegal de derecho.

No se necesitan más leyes. Lo que se necesita es hacer cumplir leyes existentes. El estado de California y la ciudad y condado de Los Ángeles deberían aumentar las investigaciones y juicios a personas que están ejerciendo leyes sin autorización y estafando a inmigrantes.

Periódicamente hemos visto cómo el estado de California y la ciudad de Los Ángeles han enjuiciado a personas por violar las leyes por fraude, estafa y practicar leyes sin licencia.

El año pasado, ante quejas de numerosas víctimas, la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles presentó cargos contra la activista Gloria Saucedo, quien fue encontrada culpable de practicar leyes sin licencia. Para evitar ir a juicio, Saucedo firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad negociada (plea agreement). Un juez ordenó que le reembolsara miles de dólares a sus víctimas.

A fines del 2016, la Fiscalía del estado de California arrestó a Oswaldo Rafael Cabrera por estafar a inmigrantes y hacerse pasar por abogado. Tras declararse culpable en febrero del 2017, Cabrera fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión por delitos graves (felonies) de hurto mayor, intento de perjurio y por violar la Ley de Consultores de Inmigración.

El Fiscal Feuer alertó que próximamente comenzarán un juicio contra el notario Eddie Bonilla por presuntamente practicar leyes sin licencia.

Pero son muy pocos los casos que van a juicio en una ciudad que se considera el epicentro de notarios y consultores de inmigración que proveen asesoría legal migratoria sin licencia.

En vez de crear más leyes que se suman a una burocracia legislativa, hace falta canalizar más fondos al Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles y las Fiscalías de la Ciudad y Condado de Los Ángeles para que puedan realizar más investigaciones, hacer cumplir las leyes existentes y lleven a juicio a todo notario, consultor de inmigración o persona que ilegalmente ofrezcan servicios legales y así poner un fin a una epidemia que solo perjudica a las personas más vulnerables de nuestra comunidad.

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Falso abogado Oswaldo Cabrera irá a prisión 5 años por defraudar y estafar a inmigrantes

Oswaldo Cabrera

Oswaldo Cabrera, dueño de Coalición Latinoamericana Internacional fue sentenciado a más de 5 años de prisión por estafar a inmigrantes.

Oswaldo Rafael Cabrera, el dueño de Coalición Latinoamericana Internacional en Los Ángeles, que fraudulentamente se hizo pasar por abogado numerosas veces, estafó a inmigrantes y perjudicó múltiples casos, fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión tras declararse culpable de tres delitos graves (felonies) de hurto mayor, intento de perjurio y por violar la Ley de Consultores de Inmigración.

Su esposa y cómplice, María Marcelina Rodas, se declaró culpable de un delito grave de conspirar para violar la Ley de Consultores de Inmigración y fue sentenciada a tres años de libertad condicional.

Cabrera y su esposa se declararon culpables durante una audiencia en una corte de Los Ángeles ayer, 22 de febrero.

Tras más denuncias de inmigrantes, procuraduría agregó cargos criminales

Cuando las autoridades arrestaron a Cabrera en diciembre del 2016, enfrentaba 22 cargos de delitos graves. Desde esa fecha, más víctimas lo denunciaron y el 14 de febrero de este año, la oficina del Procurador General de California agregó 36 cargos adicionales en contra de Cabrera.

A pesar de tener 58 cargos en su contra, Cabrera solo se declaró culpable de tres, disminuyendo considerablemente su sentencia – de más de 13 años a solo cinco y dos meses.

Rodas enfrentaba una sentencia máxima de tres años de cárcel, que se redujo a tres años de libertad condicional. Pero está sujeta a cárcel física si viola los términos de la libertad condicional.

Cierre permanente de Coalición Latinoamericana Internacional y Restitución a las Víctimas

Como parte de los términos de la reducción de la sentencia, Cabrera y Rodas deben cerrar permanentemente el negocio – la Coalición Latinoamericana Internacional y deben reembolsarle el dinero a sus víctimas.

Además, Rodas tiene prohibido ofrecer servicios de inmigración.

La investigación realizada por el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA, siglas en inglés) reveló que Cabrera se hizo pasar como abogado cuando no lo es y brindó servicios legales llegando a cobrar hasta $9,000 dólares por trámite. Pero a pesar de recibir el dinero, en muchos casos no proporcionó los servicios prometidos, o prestó servicios que perjudicaron los casos de varios inmigrantes.

La próxima audiencia en el caso será el 20 de marzo del 2017, fecha en la cual se resolverá los términos de la restitución de dineros a las víctimas de Cabrera.

Buscan a más víctimas

Como lo reporté en el 2015, hacía tiempo que habían surgido quejas contra Cabrera y la Coalición Latinoamericana Internacional. En agosto del 2014, ayudé a una señora a recuperar su dinero y su archivo migratorio, que el Sr. Cabrera no le quería regresar.

Le agradezco al DCBA y a la Fiscalía del Estado de California por haber investigado y enjuiciado a Cabrera y Rodas.

El DCBA continúa haciendo un llamado a personas que le pagaron por servicios legales de inmigración a Cabrera o a su organización Coalición Latinoamericana Internacional y piensan que han sido víctimas de fraude para que llamen a hacer la denuncia al (323) 881-7099.

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Juez ordena a Gloria Saucedo y Hermandad Mexicana Transnacional reponer miles de dólares a sus víctimas

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana informo sobre la decisión del juez en el caso de restitución financiera a las víctimas de Gloria Saucedo y Hermandad Mexicana Transnacional.

Esta es la columna:

El caso legal en contra de Gloria Saucedo y Hermandad Mexicana Transnacional Inc. de Panorama City, California ha tomado varios meses y aún no concluye. Pero un juez ya le ordenó a la activista reembolsarle el dinero que le cobró a varias personas que la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles señaló ella y su organización perjudicaron mientras ofrecía asesoría de inmigración ilegalmente.

Tras escuchar el testimonio de varios inmigrantes y revisar la evidencia proporcionada a la Fiscalía, el Juez David R. Fields reafirmó en una audiencia a fines de enero que Saucedo deberá pagarle más de $13.000 dólares a por lo menos cinco personas que la contrataron para realizar trámites legales de inmigración y que la denunciaron por mala asesoría.

Algunas de estas personas perdieron su estatus legal, beneficios de seguro social y hasta tuvieron que rehacer trámites debido a la negligencia de Saucedo y Hermandad Mexicana Transnacional.

Saucedo fue encontrada culpable de practicar leyes sin licencia en agosto del 2016 y firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad negociada (plea agreement, en inglés), reduciendo los cargos en su contra. El acuerdo estipulaba que debía reembolsar a sus víctimas. Pero lo que quedaba por determinarse era el monto que se le tenía que regresar a cada persona.

Tras analizar los casos, el Juez determinó que Saucedo debe regresarle a María Delgado, la viuda de un veterano de la marina de Estados Unidos que perdió su estatus legal por culpa de Saucedo, el dinero que le pagó por sus servicios y las cuotas de inmigración. Además deberá compensarla por el dinero de beneficios de seguro social que no percibió por haber perdido su estatus legal a causa de la negligencia de Saucedo.

Las otras víctimas que deberán recibir reembolsos son Hermelinda Gallo, Sergio Gómez, Fernando Aguileta, Luz Landeros y Josefina Navarrete.

Gloria Saucedo

El Juez David R. Fields ordenó que la activista Gloria Saucedo y Hermandad Mexicana Transnacional de Panorama City paguen más de $13.000 a sus víctimas. En esta foto se le ve rodeada de otros activistas que desacreditaban las acusaciones en su contra, luego de su primera audiencia en la corte criminal el 25 de abril del 2016. (Foto: La Opinión)

Pero ninguna de las víctimas recibirá el dinero de inmediato. Como Saucedo está apelando el caso, a pesar de haber firmado un acuerdo de culpabilidad negociada, el dinero debe ser depositado en una cuenta de fideicomiso (trust account) de su abogado defensor, Mark S. Rosen. Si Saucedo pierde la apelación, que aún sigue en curso, ese dinero deberá ser entregado a las víctimas.

Es lamentable que Saucedo y su abogado continúen haciendo maniobras legales para evitar aceptar responsabilidad y reembolsarle inmediatamente el dinero a clientes perjudicados por ejercer leyes sin licencia.

Lo triste de esta situación es que hay muchas más víctimas, pero debido a los términos de prescripción (statute of limitations) que limitan a tres años el plazo para presentar una acción judicial criminal en contra de personas que ejercen leyes sin licencia, muchas de ellas no pudieron ser incluidas en el proceso, ni podrán recuperar su dinero.

Según el Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles, se recibieron aproximadamente 30 quejas adicionales con pérdidas de $52.000 que no pudieron ser incluidas en la demanda por los límites de tiempo estipulados por la ley y otras razones.

Después de una de las audiencias en la corte, Saucedo le confirmó a la prensa que ha estado brindando servicios legales desde 1997. Eso quiere decir que estuvo ejerciendo leyes sin licencia por aproximadamente 18 años.

Personas que acudieron a Saucedo o a su organización y fueron perjudicados por mala asesoría antes del 2013 posiblemente no pueden levantar una demanda en su contra por ejercer leyes sin licencia. Pero pueden reportarla a la Fiscalía y al Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles para evitar que más personas resulten perjudicadas.

Si fueron víctimas de Saucedo u otra persona no autorizada para brindar servicios legales de inmigración hace más de tres años atrás, presenten la queja y luego consulten con un abogado licenciado en California para ver si hay alguna excepción que aún les permita levantar una demanda después del límite.

Si usted o alguien que conoce fue víctima de Gloria Saucedo, Hermandad Mexicana Transnacional de Panorama City o personas asociadas con esta organización, llame a los investigadores del Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles Annette González al 323-881-7099, o Janet Godoy al 213-974-7241.

Aunque Saucedo – por el momento – consiguió una autorización temporal para ofrecer consejos legales de inmigración, ha demostrado, con estos casos en la corte criminal, que no tiene buen carácter moral, ni la capacidad de ayudar a inmigrantes que enfrentan trámites legales migratorios complejos. Y esto es algo que cualquier inmigrante que está considerando acudir a ella y a Hermandad Mexicana Transnacional debe tomar en cuenta.

Ahora más que nunca, ante las restricciones, incertidumbre y políticas migratorias que están cambiando en el país, es importante acudir a un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal que tenga licencia, experiencia y no haya defraudado a inmigrantes en el pasado. No jueguen con su futuro migratorio en Estados Unidos.

Le agradezco a la Fiscalía y el Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles por investigar y enjuiciar a Saucedo y Hermandad Mexicana Transnacional de Panorama City. En especial quiero agradecerle a los investigadores Rigoberto “Rigo” Reyes, Annette González, Janet Godoy y Esther Martínez y al Fiscal Mike Feuer y los sub-fiscales Tina Hess, Austin Travis y Onica Cole por todo el trabajo que han hecho para ayudar a la comunidad inmigrante.

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Resoluciones migratorias para el 2017

En mi última columna Consulta Migratoria® del 2016, les ofrezco algunas recomendaciones para el nuevo año.

Esta es la columna:

Cerramos el 2016 con gran incertidumbre sobre el futuro de muchos inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos. Durante el transcurso de la campaña electoral y luego de ser electo presidente, Donald Trump repitió numerosas veces que cuando asuma el mando del país deportará a millones de inmigrantes indocumentados. Esto ha causado pánico en algunas comunidades. Pero antes de asumir lo peor, debemos racionalizar la situación. ¿Es realmente viable hacer deportaciones masivas? Y ¿en qué orden de prioridades entrará el tema de inmigración para el nuevo presidente? ¿Es posible que el nuevo gobierno realice una reforma migratoria?

Deportaciones masivas no son factibles por varias razones, incluyendo porque afectaría de forma negativa la economía del país. Sin embargo, eso no significa que no habrán deportaciones. Sin duda, sí las habrá – tal como las hubo durante la administración del presidente Obama, que ha deportado a millones de inmigrantes indocumentados enfocándose principalmente en ciertas categorías de personas, incluyendo criminales y aquellas detenidas en la frontera. Hay que asumir que estas prioridades seguirán vigentes bajo la administración Trump.

Pero la realidad, es que no sabemos qué va a hacer el nuevo Presidente o si empujará por una reforma migratoria.

Ante las numerosas interrogantes, hay que estar preparado. Entiendo la preocupación, pero hay que mantener la calma. Por eso, les tengo las siguientes recomendaciones para el 2017:

  1. Averigüen si son elegibles para un beneficio migratorio. Consulten con un abogado de inmigración para ver si existe alguna vía mediante la cual puedan obtener un estatus legal temporal o permanente. Un análisis completo de su situación puede darles claridad sobre sus opciones legales.
  1. No contraten a notarios públicos, consultores de inmigración o multiservicios para recibir asesoría legal migratoria. En el 2016, como en años anteriores, hemos visto numerosos casos de notarios, consultores de inmigración, multiservicios, supuestos activistas y charlatanes que se han aprovechado de la necesidad de inmigrantes para estafarlos, arruinando o perjudicando sus casos migratorios. Afortunadamente, algunos de ellos han sido arrestados y enjuiciados, incluyendo Gloria Saucedo de Hermandad Mexicana Transnacional en Panorama City, California, Maylin Silva de Todos por Venezuela en Miami, Florida, Rose Sánchez-Cañete de Latino Federation of Tenants Association (LAFEOTA, siglas en inglés) en Alexandria, Virginia, Sara Salcido de Immigration and Court Services of the Desert (Servicios de Inmigración y Corte del Desierto, en inglés) en Riverside, California y Oswaldo Cabrera de la Coalición Latinoamericana Internacional en Los Ángeles, California. Pero hay muchos más al acecho. Ahora más que nunca, es importante asegurarse de tener la asesoría adecuada. Poder permanecer legalmente en el país depende de ello.

Recuerden que en los Estados Unidos sólo abogados con licencia o representantes acreditados por el gobierno federal están autorizados para brindar asesoría legal.

  1. Verifiquen las credenciales del abogado o representante acreditado por el gobierno. Su futuro migratorio y su dinero están en juego cuando busca asesoría legal migratoria. Asegúrese que la persona a quien usted acuda tenga licencia, experiencia y ningún historial criminal. Si no le quieren mostrar sus diplomas, certificaciones y comprobantes que pueden ejercer leyes, es una mala señal. Si sospechan que le están mostrando alguna documentación falsa, siempre pueden verificar si un abogado tiene autorización para ejercer con la Barra de Abogados del estado donde esté matriculado. Como la ley de inmigración es federal, un abogado puede estar matriculado en cualquier estado. Pregúntenle al abogado en qué estado está registrado como abogado. En el caso de un representante acreditado, pueden verificar con la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, siglas en inglés).
  1. Si son elegibles, soliciten la residencia permanente. Personas que tengan familiares residentes o ciudadanos o empleadores que desean patrocinarlos o que actualmente estén albergadas bajo programas especiales como la visa U y que cumplen con todos los requisitos deben iniciar el trámite lo antes posible para asegurar tu estatus legal en el país. Conozco a personas que postergan hacer trámites por descuido o escasez de dinero. Pero invertir en un trámite que puede darles un estatus y autorización para trabajar legalmente es fundamental para una mejor vida y futura prosperidad en el país.
  1. Obtener la ciudadanía estadounidense. Si son elegibles, deben actuar cuanto antes y convertirse en ciudadanos. La residencia permanente les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, pero la pueden perder si cometen actos que los hagan deportable del país. Una vez que se convierten en ciudadanos, su permanencia en el país está asegurada, porque ya no los pueden deportar del país, al menos que cometieron fraude para conseguir la ciudadanía estadounidense. Además, tienen más ventajas y derechos, y la posibilidad de conseguir mejores empleos. También pueden tramitar peticiones de familiares inmediatos de forma más rápida.
  1. Ayuden a familiares a emigrar a los Estados Unidos. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pueden tramitar peticiones familiares para traer legalmente a sus familiares a Estados Unidos. Ciudadanos tienen más ventajas, ya que además de padres, cónyuges, e hijos pueden pedir a sus hermanos solteros o casados. Además, la ley de inmigración les permite traer a sus hijos aunque estén casados, junto a sus cónyuges e hijos solteros menores de 21 años. Residentes permanentes sólo pueden pedir a cónyuges e hijos solteros de cualquier edad. Deben presentar las solicitudes lo más pronto posible porque muchos de estos trámites llevan años para completarse.
  1. Reporten si son víctimas de crímenes. Inmigrantes indocumentados que son víctimas de crímenes deben reportarlo a la policía. No deben temer ser reportados a las autoridades migratorias. Ciertas víctimas de crímenes podrían ser elegibles para una visa U, que les permitiría vivir y trabajar legalmente en el país. Pero si el crimen no se reporta a la policía, no pueden hacer el trámite.
  1. Ahorrar para costear trámites migratorios. Además de tener que pagar por una buena asesoría legal, todo trámite migratorio tiene costos. Dependiendo del historial, complejidad del caso y la situación actual del inmigrante, los costos pueden llegar a ser elevados. Muchos casos se llevan por etapas, por lo que no se necesita todo el dinero de una vez. Pero hay que estar preparados.

Ahorrar es particularmente importante actualmente si no tienen una vía para obtener un estatus legal, pero esperan que haya una reforma migratoria en el futuro. Si eso sucede, se estima que tendrán que pagar multas, además de tarifas para realizar los trámites. Cuando llegue el momento, deben estar listos para poder hacer los pagos necesarios.

  1. Nunca mientan en solicitudes de inmigración. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) investiga a fondo a todo extranjero que presenta solicitudes con el fin de emigrar a este país y penaliza severamente a personas que mienten en formularios para trámites migratorios. Si descubren información falsa en una solicitud, pueden negar el beneficio que se está solicitando. Si cometen fraude para conseguir un estatus migratorio y el gobierno federal se da cuenta después de otorgar un beneficio, pueden revocar la residencia, ciudadanía u otros beneficios concedidos y poner al inmigrante en proceso de deportación.
  1. Eviten problemas con la ley. Uno de los requisitos para que el gobierno le otorgue a un inmigrante la residencia o ciudadanía estadounidense es tener buena conducta moral. Si tienen problemas con la ley – como manejar bajo la influencia del alcohol o estar cometer un acto de violencia doméstica – puede considerarse tener mala conducta moral y puede perjudicar sus trámites o ser causa para negarles beneficios migratorios.

Tengan en cuenta que residentes permanentes que cometen ciertos crímenes pueden ser deportados. Personas dentro del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) pueden perder su estatus migratorio si los encuentran culpables de dos delitos menores (misdemeanor, en inglés) o un delito mayor (felony, en inglés).

  1. Guarden sus archivos migratorios y comprobantes que han vivido en los EE.UU. Para poder analizar qué opciones existen para obtener un estatus legal y preparar trámites migratorios es importante saber el historial de la persona, si se presentaron solicitudes en el pasado, y de ser así, qué trámites migratorios se hicieron anteriormente. Siempre deben pedir una copia de todo documento que se haya enviado a USCIS y guardarlo en sus archivos. Si cambian de abogado o el USCIS llega a perder algún documento, tendrán copias que pueden servir para realizar futuros trámites migratorios.

También es importante guardar recibos de renta, servicios, etc., que comprueben que has estado viviendo en el país. Muchos beneficios migratorios requieren demostrar que han estado viviendo en los Estados Unidos. por cierta cantidad de tiempo.

  1. Hacer sus impuestos. Pagar impuestos es la ley. No importa cual sea su estatus legal. Hacer sus impuestos todos los años es una excelente forma de comprobar su estadía en Estados Unidos y demostrar que tienen buena conducta moral. Indocumentados sin un número de seguro social tienen que conseguir un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, siglas en inglés) para poder presentar sus planillas. Consulten con un contador que tenga licencia y experiencia para que los asesore.

Si el gobierno federal se entera que no cumplieron con su obligación de presentar impuestos, pueden ser penalizados con multas e intereses sobre el dinero no pagado al Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés). El razonamiento es que están ganando dinero en este país y disfrutando de beneficios generales a costas de los contribuyentes en los Estados Unidos, como acceso a escuelas públicas para sus hijos, infraestructura de carreteras, y ciertos servicios públicos, y les corresponde pagar su parte.

Gracias por leer mi columna y por todas las preguntas que me enviaron durante el 2016. Seguiré informándoles en el 2017. ¡Les deseo un feliz y próspero año nuevo!

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Acusado de estafar a inmigrantes, Oswaldo Cabrera se presenta en corte

Oswaldo Cabrera

Oswaldo Cabrera, dueño de Coalición Latinoamericana Internacional enfrenta 22 cargos criminales por estafar a inmigrantes.

Oswaldo Rafael Cabrera, el dueño de Coalición Latinoamericana Internacional en Los Ángeles, y su esposa y cómplice María Marcelina Rodas, hoy estuvieron en la Corte Superior de Los Ángeles para ser instruidos de los cargos criminales en su contra por estafar a inmigrantes.

Por medio de defensores públicos, ambos se declararon no culpables de los cargos.

Cabrera enfrenta 22 cargos de hurto mayor, tentativa de hurto mayor, intento de perjurio y conspiración para practicar el derecho de forma ilegal.

Todos los cargos son delitos graves (felony, en inglés). De ser encontrado culpable, enfrenta una sentencia máxima de 13 años y 4 meses de cárcel.

Rodas enfrenta un cargo de conspiración a violar la ley de consultores de inmigración, cometiendo múltiples actos ilícitos junto con su esposo. El cargo de conspiración es considerado un delito grave. De ser encontrada culpable, enfrenta una sentencia máxima de tres años de cárcel.

Cabrera y Rodas, arrestados el miércoles, han permanecido desde entonces en la cárcel. Cabrera tiene una fianza de $650.000 y Rodas de $40.000.

Durante la audiencia, la procuradora a cargo del caso señaló que recuperaron aproximadamente 1.200 archivos de clientes de Cabrera durante el registro de sus oficinas y que están revisándolos para determinar si identifican a más víctimas. De ser así, podrían aumentarse los cargos contra Cabrera.

Tal como lo reporté ayer, la Procuraduría estatal de California presentó los cargos contra Cabrera luego que el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del condado de Los Ángeles investigara múltiples quejas de presuntas víctimas de Cabrera.

El acta de la orden de detención alega que Cabrera a menudo se presentó como un abogado, dio asesoría legal y prestó servicios legales, llegando a cobrar hasta $9.000 dólares, a pesar de no tener autorización o licencia para ejercer derecho.

Según la acusación penal, en numerosas ocasiones Cabrera se hizo pasar por abogado, prestó servicios legales sin autorización cobrando miles de dólares, engañó a sus víctimas sobre el estado de sus casos, y ofreció hacer trámites migratorios para los cuales no eran elegibles, perjudicando y hasta provocando la deportación de familiares.

El Juez Gustavo Sztraicher marcó la fecha para la audiencia preliminar para el 22 de diciembre del 2016.

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Arrestan a Oswaldo Rafael Cabrera, dueño de Coalición Latinoamericana Internacional, por estafar a inmigrantes

Oswaldo Cabrera

Oswaldo Cabrera, dueño de la organización Coalición Latinoamericana Internacional enfrenta 22 cargos criminales por estafar a inmigrantes.

Las autoridades de California arrestaron a Oswaldo Rafael Cabrera por estafar a inmigrantes. El dueño de la Coalición Latinoamericana Internacional en Los Ángeles, que se hacía pasar por abogado, enfrenta 22 cargos criminales en su contra.

La oficina de la procuradora general Kamala D. Harris anunció que Cabrera, quien no está autorizado para ejercer leyes en California, está acusado de 22 cargos de hurto mayor, tentativa de hurto mayor, intento de perjurio y conspiración para practicar el derecho de forma ilegal.

También se presentaron cargos en contra de su esposa, María Marcelina Rodas.

Ambos fueron arrestados ayer y actualmente están presos. Cabrera está detenido con una fianza de $650,000 dólares. La fianza de Rodas es de $40,000 dólares.

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Cabrera y Rodas tienen una audiencia en la corte mañana, donde tras ser instruidos de los cargos tendrán que declararse inocente o culpable.

De ser encontrado culpable de los cargos, Cabrera enfrenta una sentencia máxima de 13 años y 4 meses de cárcel. Rodas enfrenta una sentencia máxima de 3 años de cárcel.

El acta de la orden de detención alega que Cabrera a menudo se presentó como un abogado, dio asesoría legal y prestó servicios legales, llegando a cobrar hasta $9000 dólares, a pesar de no tener autorización o licencia para ejercer derecho.

Orden de arresto Oswaldo Cabrera

Según la acusación penal, en numerosas ocasiones, Cabrera engañó a sus víctimas sobre el estado de sus casos, dándoles información incorrecta sobre su elegibilidad para un alivio migratorio y completaba formularios de inmigración incorrectamente, mientras seguía recibiendo el dinero de las víctimas.

Cabrera también ignoró o les mintió a las víctimas, para evitar darles un reembolso, en ocasiones por miles de dólares, mientras que negaba haber cometido actos ilícitos.

El mal manejo de Cabrera provocó que algunos casos migratorios tuvieran consecuencias irreparables, como la deportación de familiares de las víctimas.

Agentes de la ley ayer ejecutaron una orden de cateo en las oficinas de la Coalición Latinoamericana Internacional y se llevaron varias cajas con archivos de clientes. Es posible que tras revisar los archivos, se identifiquen a más víctimas.

Cabrera embaucó a inmigrantes por su presencia en los medios

La orden de detención también señala que Cabrera se hacía pasar como un abogado experto en inmigración en los medios de comunicación, apareciendo así en numerosas ocasiones en noticieros y programas de Univisión, Estrella TV, HITN-TV, CentroAmerica TV, Lo Nuestro TV LA, y RedTeleSistema.

Cabrera usaba esta imagen destacada en los medios para atraer a clientes y así logró embaucar a los inmigrantes que buscaban sus servicios.

 

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El acta de la orden de detención incluye una lista de segmentos televisivos en los que Oswaldo Cabrera se hizo pasar como abogado.

El acta de la orden de detención también alega que Cabrera prestó servicios de consultoría migratoria sin haber completado el registro necesario con la Secretaría de Estado de California, y que él y su esposa, María Marcelina Rodas, conspiraron para violar la Ley de Consultores de Inmigración.

La Procuraduría estatal logró presentar los cargos en contra de Cabrera gracias a una investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del condado de Los Ángeles, que investigó múltiples quejas de víctimas del falso abogado.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Dirección de Detección del Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), también ayudaron con la investigación.

La Procuraduría está trabajando con organizaciones sin fines de lucro y clínicas jurídicas para ayudar a las víctimas que Cabrera estafó.

Oficina de Coalición Latinoamericana Internacional cerrada

Tras la emisión de la orden de arresto y los cargos criminales en contra de Cabrera por operar ilegalmente como abogado, se ha puesto una notificación en la puerta de la Coalición Latinoamericana Internacional indicando que la oficina está cerrada.

El mensaje advierte del cierre de la oficina y recomienda a personas que pueden haber sido víctimas de fraude que se comuniquen con el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles.

Notificacion de cierre de oficina de Coalición Latinoamericana Internacional

Anterior alerta de Inmigración Hoy sobre Cabrera y Coalición Latinoamericana Internacional

El año pasado les alerté sobre Cabrera y su organización Coalición Latinoamericana Internacional y que ya habían reportes que enfrentaba varias demandas judiciales por estafar a varios inmigrantes.

En agosto del 2014, yo personalmente ayudé a una señora a recuperar su dinero y su archivo migratorio, luego que Cabrera no se los quería regresar.

Una búsqueda en las bases de datos oficiales confirmaron que ni Cabrera ni su organización tenían los permisos ni certificaciones del gobierno de California ni de los Estados Unidos para dar asesoría legal migratoria.

Los cargos criminales y orden de arresto en contra de Cabrera y la Coalición Latinoamericana Internacional demuestran que este señor estaba manejando un negocio ilegalmente y que lamentablemente, perjudicó a muchas personas.

Si han recibido ayuda migratoria de Cabrera o Coalición Latinoamericana Internacional, y creen que pueden haber sido víctimas de fraude, contacten al Departamento Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles inmediatamente llamando al 323‑881‑7099 y presente un queja formal con la oficina.

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Dr. Nelson A. Castillo


El Dr. Nelson A. Castillo es un abogado de inmigración y autor de "La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos". Es graduado de la Universidad St. John's en Nueva York, con un bachillerato en finanzas y un doctorado en leyes. Está matriculado en el Colegio de Abogados de Nueva York y puede ejercer como abogado de inmigración en todos los Estados Unidos.


Es uno de los más reconocidos abogados de inmigración en los Estados Unidos y está disponible para representar a clientes alrededor del país, incluyendo en California y Nueva York.


Durante su trayectoria profesional ha ayudado a clientes, dentro y fuera del país, alcanzar sus objetivos inmigratorios.


Nacido en El Salvador, llegó a los Estados Unidos a los 11 años. Como otros inmigrantes, superó muchos obstáculos pero logró estudiar y trabajar en una profesión donde puede ayudar a los demás. Debido a su compromiso e incansable trabajo brindando ayuda a su comunidad, el Dr. Castillo ha recibido numerosos premios y reconocimientos.


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