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Corte Suprema restablece veto migratorio de Trump

En una decisión unánime, la Corte Suprema de Estado Unidos hoy autorizó la implementación parcial del veto migratorio del Presidente Trump, revocando órdenes judiciales de cortes inferiores que bloquearon el decreto ejecutivo.

El fallo, detallado en un escrito de 16 páginas, permite al Gobierno prohibir durante 90 días días el ingreso a inmigrantes de seis países mayormente musulmanes – Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen – que no tengan lazos familiares o vínculos probados con Estados Unidos. También permite la prohibición de 120 días para refugiados.

Pero la Corte enfatizó que extranjeros, incluyendo a refugiados, que tengan “una relación de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos” – como un familiar, una universidad o empleador – estarán exentos de las restricciones de ingreso al país.

Desde que el presidente Trump firmó el decreto titulado “La protección de la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos” (Protection of the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States) a fines de enero, su gobierno asegura que la restricción es necesaria para permitir una revisión interna de los procedimientos de selección para solicitantes de visa de esos seis países y mantener a “terroristas islámicos radicales” fuera de Estados Unidos.

La orden ejecutiva del presidente Trump también permite que los Secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos puedan, caso por caso y si hay un interés nacional, emitir visas u otros beneficios de inmigración a los ciudadanos de países a los que se les están bloqueando visas y beneficios bajo la orden ejecutiva del presidente Trump.

Sin embargo, varios bloqueos judiciales en las cortes federales del Cuarto y Noveno Circuito impidieron la implementación del controversial decreto.

Los jueces escucharán los argumentos completos en el caso en octubre cuando regresen de su receso.

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Nuevas normas de inmigración de EEUU aumentarán detención de indocumentados y acelerará deportaciones

Según nuevas directrices del gobierno de Estados Unidos publicadas hoy, ningún inmigrante indocumentado estará exento de ser detenido y deportado, aunque la prioridad principal seguirán siendo aquellos que hayan tenido problemas criminales o migratorios o son un peligro para la seguridad nacional.

Las directrices no afectan a inmigrantes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés). Personas con DACA seguirán temporalmente amparados de deportación siempre y cuando no cometan ciertos crímenes o sean un peligro para la seguridad nacional y el programa siga vigente.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) hoy publicó dos memorandos titulados Cumplimiento de las Leyes de Inmigración para el Interés Nacional (Enforcement of the Immigration Laws to Serve the National Interest) e Implementación de las Políticas de Mejoras al Cumplimiento de la Ley de Seguridad Fronteriza e Inmigración del Presidente (Implementing the President’s Border Security and Immigration Enforcement Improvements Policies), firmados por el Secretario de DHS John Kelly, que explican cómo se implementarán las órdenes ejecutivas de inmigración que firmó el Presidente Donald Trump en enero.

El objetivo de los memorandos es reforzar el cumplimiento de la ley de inmigración, ampliando los blancos de detenciones y agilizando el procesamiento y deportación de inmigrantes indocumentados que no tienen una forma legal de permanecer en el país. Para ello, estipula una serie de acciones.

Estos son los puntos claves de las nuevas directrices:

1. DHS hará cumplir la ley de inmigración – Con excepciones extremadamente limitadas, toda persona que viole las leyes de inmigración y sea deportable estará sujeta a ser arrestada por las autoridades y deportada de los Estados Unidos.

Aunque ningún indocumentado está exento de ser deportado, la prioridad serán extranjeros que:

  • acaban de llegar a los Estados Unidos de forma ilegal (arriving aliens)
  • han cometido actos que los sujetan a una deportación
  • han sido condenados por cualquier delito
  • han sido acusados ​​de cualquier delito que no ha sido resuelto
  • han cometido fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial ante una agencia gubernamental
  • han abusado de programas de beneficios públicos
  • están sujetos a una orden de deportación/remoción final, pero siguen dentro de los Estados Unidos
  • son un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional

2. Las pandillas transnacionales y otras formas de delincuencia organizada serán específicamente objeto de cumplimiento de la ley de inmigración.

3. DHS mantendrá la discreción caso por caso de hacer cumplir la ley de inmigración, pero nuevamente, ninguna clase de extranjeros está exenta.

4. Establecer políticas sobre el arresto y detención de extranjeros – La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sólo liberarán a extranjeros que estén bajo su custodia en circunstancias limitadas. Por ejemplo, si van a ser removidos o expulsados del país, si obtienen una orden de alivio por ley, o se determina que el extranjero es ciudadano estadounidense, residente legal permanente, refugiado o asilado, o tiene otro estatus protegido.

El uso de alternativas a la detención (tales como grilletes) también estará disponible de manera limitada, caso por caso. En situaciones en las que no haya espacio en los centros de detención para detener a todos los detenidos, las personas que sean deportables por motivos criminales, fraude o seguridad nacional tendrán prioridad para ser detenidas.

5. DHS no llevará a cabo acciones en escuelas, hospitales, lugares de culto y ciertos otros lugares (sensitive locations).

6. DHS contratará 10.000 agentes de ICE, 5.000 de CBP y 500 agentes/oficiales de aire y marina. 

7. DHS restablecerá inmediatamente el programa Comunidades Seguras, incluyendo la creación de nuevos formularios para realizar órdenes de detención migratorias (detainers).

8. DHS identificará a personas encarceladas que pueden ser deportadas de los Estados Unidos.

9. Expansión del programa 287(g) en la región fronteriza – para el reclutamiento de agentes de policías locales que estén de acuerdo en desempeñar las funciones de un oficial de inmigración, incluyendo colaborar en la detención de indocumentados con antecedentes criminales, según lo autoriza la sección 287 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act).

10. Deportaciones aceleradas o expulsiones expeditas – el procesamiento de deportaciones y expulsiones de extranjeros que recientemente entraron ilegalmente a los Estados Unidos será más rápido, en algunos casos, sin tener que presentarlos ante un juez de inmigración.

Antes, solo se aplicaba el proceso de expulsiones expeditas a inmigrantes encontrados dentro de un área de 100 millas de la frontera y que hubieran entrado a los Estados Unidos en los últimos 14 días. A partir de ahora, la directriz incluye a toda persona que haya ingresado al país ilegalmente en los últimos dos años, sin importar dónde estén en los Estados Unidos.

Expulsiones expeditas por lo general no aplicarán a niños no acompañados, solicitantes de asilo, personas que han estado físicamente presentes en los Estados Unidos contínuamente durante al menos dos años y otros extranjeros que tengan un recurso legal para quedarse en el país.

11. Devolución de extranjeros a países vecinos – Si no existe peligro de un reingreso ilegal, los Estados Unidos regresará al extranjero al país contiguo por el cual entró para esperar el resultado de su proceso de remoción.

Esta medida es para que DHS ahorre en costos de albergar a indocumentados en centros de detención y dedicarle más recursos a indocumentados que son una mayor prioridad.

12. Mayor escrutinio de solicitudes de asilo para evitar fraude.

13. Penalización y deportación de padres que pagan a traficantes para traer a sus hijos – Traer a niños con la ayuda de traficantes los expone a caer víctima de robo, extorsión, secuestro, agresión sexual y otros crímenes de violencia durante la peligrosa jornada a los Estados Unidos. Aunque la intención sea la reunificación familiar, el DHS considera que el contrabando o el tráfico de niños extranjeros es intolerable. Por lo tanto, procesará penalmente a quienes directa o indirectamente faciliten el contrabando o el tráfico de niños. Eso incluye procesar criminalmente y poner a padres y familiares de los menores en procesos de deportación, por contribuir al tráfico de niños.

14. Establecimiento de Programas de Recaudación de Multas y Sanciones Civiles Autorizadas – Tan pronto como sea posible, las autoridades emitirán directrices y promulgarán reglamentos para la recolección de todas las multas que la ley permita cobrar a extranjeros deportables y de quienes facilitan su presencia ilegal en los Estados Unidos.

15. Creación dentro de ICE de una oficina destinada a ayudar a las familias de personas asesinadas por inmigrantes indocumentados.

16. Dirige al DHS a tomar medidas para penalizar a los países que no aceptan a extranjeros deportados.

17. DHS seguirá construyendo el muro a lo largo de la frontera en El Paso, Texas, Tucson, Arizona, y los sectores de El Centro, California.

Es de suma importancia que todo extranjero que está sujeto a las nuevas directrices consulte con un abogado de inmigración lo más pronto posible para que determine sus opciones legales.

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Corte de Apelaciones rechaza apelación de Trump y mantiene suspendido el veto migratorio

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la apelación del gobierno del Presidente Donald Trump para remover el bloqueo temporal de su acción ejecutiva que impedía el ingreso a los Estados Unidos de viajeros de siete países predominantemente musulmanes.

La decisión de la Corte de Apelaciones, anunciada el 9 de febrero, permite que por el momento, el veto migratorio impuesto por el Presidente Trump permanezca bloqueado y que personas de los países afectados pueden seguir viajando a los Estados Unidos.

La decisión del panel de tres jueces federales fue unánime.

En un documento de 29 páginas los jueces determinaron que el gobierno no presentó evidencia que justificara que el decreto debía entrar en vigor de inmediato, ni que algún extranjero de los países señalados en el decreto del Presidente había cometido actos terroristas contra Estados Unidos.

También encontraron que los estados de Washington y Minnesota, que demandaron a la administración Trump en la corte federal del Distrito Oeste de Washington y lograron impedir temporalmente la implementación de la orden ejecutiva argumentando que era inconstitucional, pueden demandar al gobierno de Trump.

La corte enfatizó que tiene la facultad de revisar la orden ejecutiva para determinar su constitucionalidad.

El presidente Trump firmó el decreto titulado ”La protección de la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos” (Protection of the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States), el viernes 27 de enero. La acción ejecutiva busca implementar varios cambios a los procedimientos y política migratoria de los Estados Unidos, incluyendo impedir por 90 días el ingreso a los Estados Unidos de viajeros de siete países predominantemente musulmanes, suspender por 120 días el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, evitar la entrada de refugiados sirios indefinidamente, y darle prioridad a solicitudes de refugio de ciertos minorías religiosas.

El Presidente Trump expresó su disgusto y afirmó que seguirá su lucha en las cortes, por lo que el caso muy posiblemente llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

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Documentos filtrados de la Casa Blanca indican fin de DACA

Se ha filtrado el borrador de una acción ejecutiva del Presidente Trump que propone finalizar DACA – el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals).

El documento de cuatro páginas, que no ha sido corroborado ni emitido oficialmente, indica que el objetivo es “finalizar amnistías ejecutivas inconstitucionales” y que la la acción ejecutiva tiene como propósito proteger el poder del Congreso en temas de inmigración.

Según el documento, estos los puntos claves de la acción ejecutiva:

* Eliminación inmediata del programa de acción diferida DACA.
* Cese de procesamiento de nuevas solicitudes de DACA.
* Eliminación de DAPA – el programa de acción diferida para padres – y expansión de DACA, que nunca entraron en vigor al ser bloqueadas por un juez federal en febrero del 2015.
* Respeta la validez de permisos de trabajo de personas con DACA hasta que expire el documento.

El borrador de la acción ejecutiva se publicó en el sitio digital de la organización conservadora FAIR, que propone reformas al sistema de inmigración, y fue distribuido por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Les mantendré informados sobre los cambios y posibles consecuencias si se emite esta orden ejecutiva.

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Acción Ejecutiva de Trump impide entrada de refugiados

El presidente Donald Trump firmó una acción ejecutiva que ordena la suspensión del programa de refugiados por un período de 120 días, prohíbe la entrada de refugiados sirios indefinidamente, e impide el ingreso de ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

El Presidente asegura que las medidas son para hacer una revisión del sistema que permita mantener a “terroristas islámicos radicales” fuera de Estados Unidos y así proteger al país.

Hay que señalar que aunque la medida está dirigida a refugiados de países de “especial preocupación”, la suspensión del programa de refugiados afecta a personas de todos los países, incluyendo algunos de Latinoamérica como Cuba, El Salvador, Colombia, Guatemala y Honduras, entre otros.

Otros puntos claves del decreto:

  • Reduce el número de refugiados que se admitirá al país de 110.000 a 50.000 durante el año fiscal 2017.

Antes de la acción del Presidente Trump, se habían autorizado 5.000 entradas de refugiados de Latinoamérica y el Caribe. Se desconoce en este momento si se reducirá este número debido al nuevo límite impuesto por el decreto.

  • Cancela el Programa de Exención de Entrevistas de Visas.

Este programa antes permitía a extranjeros que viajaban a los Estados Unidos múltiples veces sin tener que hacer una entrevista en persona para renovar su visa. Bajo la nueva orden, estos viajeros ahora tendrán que acudir a entrevistas en persona para la renovación de sus visas.

  • Propone la implementación de procedimientos uniformes para la revisión de inmigrantes para todos los programas de inmigración.

Esta medida está destinada a evitar el fraude. Para ello, propone uniformidad en el proceso, incluyendo entrevistas en persona y una base de datos de documentos de identidad presentados por los solicitantes para asegurar que otras personas no usen duplicados de esos documentos.

  • Propone acelerar la implementación de un sistema biométrico para el rastreo de entradas y salidas de todos los viajeros a los Estados Unidos.

El presidente Trump firmó el decreto titulado ”La protección de la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos” (Protection of the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States), el viernes 27 de enero, tres días después que se filtraran reportes de medidas destinadas a restringir la inmigración al país.

La semana pasada el presidente Trump también firmó dos acciones ejecutivas para autorizar la ampliación del muro con México, reforzar la seguridad fronteriza, agilizar el proceso de deportaciones, y penalizar a “ciudades santuario”.

Los Secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos podrán, caso por caso y si hay un interés nacional, emitir visas u otros beneficios de inmigración a los ciudadanos de países a los que se les están bloqueando visas y beneficios bajo la orden ejecutiva del presidente Trump.

Ya se han presentado varias demandas en contra de la más reciente acción ejecutiva.

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Acciones ejecutivas migratorias de Trump buscan reforzar seguridad fronteriza y agilizar deportaciones

Cumpliendo con su promesa de campaña electoral, el presidente Donald Trump hoy firmó dos órdenes ejecutivas para reducir la inmigración ilegal al país, reforzando la seguridad fronteriza, agilizando el proceso de deportaciones, y penalizando a “ciudades santuario” (sanctuary cities, en inglés) que quieran proteger a indocumentados.

Las acciones ejecutivas, tituladas “Seguridad fronteriza y mejoras al cumplimiento migratorio” (Border Security and Immigration Enforcement Improvements) y “Refuerzo de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos (Enhancing Public Safety in the Interior of the United States), abarcan varios temas, incluyendo la seguridad fronteriza y la deportación de inmigrantes criminales.

Las medidas tienen como objetivo hacer cumplir la ley de inmigración usando todos los recursos del gobierno.

Estos son algunos puntos claves establecidos en las medidas:

* Ampliación y construcción del muro con México

* Contratación de 5.000 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) y 10.000 más para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement).

* Construcción de nuevas instalaciones para detener a inmigrantes indocumentados en la frontera sur.

* Asignación de más oficiales de asilo para realizar entrevistas de miedo creíble para casos de asilo en los centros de detención.

* Asignación de más jueces de inmigración dentro de los centros de detención para acelerar los procesos, determinar quién recibe asilo, y realizar procedimientos de expulsión de indocumentados.

* Continuar con la eliminación de la política “atrapar y liberar” (catch and release) a personas indocumentadas arrestadas por autoridades migratorias.

* Ampliación de deportación o expulsión acelerada (expedited removal) de indocumentados detenidos en la frontera o en cualquier parte del país que no puedan demostrar que han estado dentro de los Estados Unidos de forma continua durante los últimos dos años.

* Terminación del Programa de Cumplimiento de Prioridad (Priority Enforcement Program).

* Restauración del programa Comunidades Seguras, que establece un sistema de cooperación automática entre las autoridades locales de seguridad y DHS cuando se investigan los antecedentes criminales de personas arrestadas.

* Ampliación de las prioridades de deportación para incluir a personas que han sido encontradas culpables de ciertos crímenes, que han sido acusadas de un crimen pero no han sido sentenciadas, y aquellas que hayan abusado de recibir beneficios públicos.

* Autorización a las autoridades locales y estatales que deseen actuar como funcionarios de inmigración en investigaciones y detenciones en la medida que lo permita la ley.

* Penalización de “ciudades santuario” que alberguen a indocumentados, recortándoles fondos federales, excepto cuando es requerido para hacer cumplir la ley.

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Dr. Nelson A. Castillo


El Dr. Nelson A. Castillo es un abogado de inmigración y autor de "La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos". Es graduado de la Universidad St. John's en Nueva York, con un bachillerato en finanzas y un doctorado en leyes. Está matriculado en el Colegio de Abogados de Nueva York y puede ejercer como abogado de inmigración en todos los Estados Unidos.


Es uno de los más reconocidos abogados de inmigración en los Estados Unidos y está disponible para representar a clientes alrededor del país, incluyendo en California y Nueva York.


Durante su trayectoria profesional ha ayudado a clientes, dentro y fuera del país, alcanzar sus objetivos inmigratorios.


Nacido en El Salvador, llegó a los Estados Unidos a los 11 años. Como otros inmigrantes, superó muchos obstáculos pero logró estudiar y trabajar en una profesión donde puede ayudar a los demás. Debido a su compromiso e incansable trabajo brindando ayuda a su comunidad, el Dr. Castillo ha recibido numerosos premios y reconocimientos.


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