Judith y Minerva Gil

Judith y Minerva Gil, acusadas de múltiples cargos criminales por estafa y práctica ilegal de leyes de inmigración, fueron sentenciadas.

Dos mujeres acusadas de operar ilegalmente un negocio de consultaría de inmigración y estafar a inmigrantes, no disputaron los múltiples cargos criminales en su contra y han sido sentenciadas por sus actividades ilícitas.

Según la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles, Judith Gil, de 65 años, y su hija, Minerva Gil, de 36, explotaban la vulnerabilidad de inmigrantes que buscaban obtener la residencia, asilo y otras formas de estatus legal, defraudándolos al darles información falsa y asesoramiento legal no autorizado, cobrando miles de dólares y estafando a sus clientes.

Judith Gil, originaria de El Salvador y que enfrentaba 17 cargos criminales, no disputó los cargos de practicar leyes sin licencia, dos cargos de participar ilegalmente en el negocio y actuar como asesora de inmigración, un cargo de diseminación ilegal de declaraciones engañosas que ella legalmente operaba su negocio como consultora de inmigración, y un cargo de hurto mayor.

Castigo de Judith Gil:

  1. Libertad condicional sumaria de 36 meses
  2. Servir 60 días en la cárcel del Condado, 60 días de arresto domiciliario o realizar 45 días de trabajo comunitario
  3. Pagar una restitución total a tres de sus víctimas por un monto total de $13,355 dólares.

Minerva Gil, que enfrentaba 3 cargos criminales, también optó por no disputar un cargo de participar ilegalmente en el negocio y actuar como asesora de inmigración.

Castigo de Minerva Gil:

  1. Libertad condicional sumaria de 36 meses
  2. Cumplir 30 días en la cárcel del Condado o realizar 20 días de trabajo comunitario
  3. Pagar una restitución de $3,855 dólares a una víctima.

A ambas mujeres se les ordenó nunca volver a actuar o promocionarse como abogadas o consultoras de inmigración, a menos que obtengan las debidas licencias.

En febrero del 2019, un mes después que la Fiscalía de Los Ángeles presentara cargos criminales contra Judith y Minerva Gil, El Colegio de Abogados obtuvo una orden judicial para tomar posesión de las oficinas del negocio ilegal y confiscó más de 300 cajas que contenían aproximadamente 1.000 archivos activos de clientes. En esos archivos encontraron documentos personales como tarjetas de residencia, permisos de trabajo y tarjetas de Seguro Social de clientes que nunca los recibieron.

Sentencia insuficiente

El daño que estas mujeres han hecho, como tantos otros consultores de inmigración, en muchos casos es irreparable.

Es bueno saber que las autoridades están investigando a estafadores que se aprovechan de inmigrantes, pero es importante hacer un ejemplo de estas personas inescrupulosas.

La sentencia de Judith y Minerva Gil es insuficiente. Un castigo tan leve como el que recibieron – a pesar de la magnitud del daño que ocasionaron a tantos inmigrantes – probablemente no desalentará ni disuadirá a otras personas que, sin licencia ni verdaderos conocimientos de la ley de inmigración, actúen como consultores de inmigración sin importarles las implicaciones de trabajos mal hechos.

Aquí los perdedores no son estos presuntos consultores, que con un castigo de servicio comunitario, pueden seguir ejerciendo impunemente hasta que los vuelvan a encontrar actuando en violación de la ley, como en el caso del estafador Eddie Rivas Bonilla que, tras ser condenado en el 2017, siguió sus labores de consultoría ilegal hasta ser descubierto nuevamente for las autoridades.

Los verdaderos perdedores son los inmigrantes que confiaron en las personas equivocadas para resolver su situación legal, pagaron miles de dólares y en su mayoría, pierden sus casos por errores de estos consultores o hasta son deportados.

Es crucial que las autoridades sean mucho más firmes en las condenas de notarios, consultores de inmigración o llena papeles que ejercen leyes sin licencia y causan tanto daño. Pero aún más importante, la comunidad inmigrante debe evitar acudir a estas personas inescrupulosas para ayuda legal. Hacerlo puede arruinar sus posibilidades de permanecer legalmente en el país.