El juez federal Roger W. Titus, en Maryland, determinó que el presidente Trump tenía la autoridad para desmantelar DACA – la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia – cuando anunció la eliminación del programa en septiembre del 2017.

En su fallo en respuesta a una demanda interpuesta por la organización Casa de Maryland en nombre de varios inmigrantes, el juez Titus indicó que la cancelación de DACA por el Presidente es legal y que sólo el Congreso puede cambiar leyes migratorias. Defendió el desmantelamiento paulatino del programa, diciendo que desfazar DACA “de forma ordenada fue racional”.

El juez expuso el razonamiento de su decisión en un documento de 30 páginas presentado el lunes 5 de marzo del 2018. Concluyó su decisión observando:

“El resultado de este caso no es el que elegiría este Tribunal si fuera miembro de una rama diferente de nuestro gobierno. Un abrumador porcentaje de estadounidenses apoya la protección de los “Soñadores”, sin embargo, no corresponde al poder judicial proporcionar acciones legislativas o ejecutivas cuando los encargados de esas responsabilidades no actúan. Como señaló el juez Gorsuch durante su audiencia de confirmación, “un juez al que le gusta cada resultado que alcanza es probablemente un juez bastante malo, que se extiende por los resultados de política que prefiere en lugar de los que la ley obliga”.

A este Tribunal no le gusta el resultado de este caso, pero está limitado por su papel constitucionalmente limitado al resultado que ha alcanzado. Con suerte, el Congreso y el Presidente finalmente harán su trabajo.”

Decisión de juez Titus no detiene reactivación de DACA

La decisión del juez Titus no afecta la reactivación del programa ni la renovación de permisos de trabajo para personas que ya estaban inscritos en DACA ordenados por otros dos jueces federales – el juez William Alsup, de la Corte Federal del Distrito Norte de California el 9 de enero y el juez Nicholas Garaufis de Nueva York el 13 de febrero.

Los dictámenes de los tres jueces fueron en respuesta a demandas contra el Gobierno tras la cancelación de DACA. Contrario al juez de Maryland, los jueces de California y Nueva York dictaminaron que el Gobierno actuó de manera “arbitraria” al eliminar el programa.

Las renovaciones de DACA continuarán mientras se resuelve el litigio en los tribunales.

Protección de información de beneficiarios de DACA

El juez afirmó que el Gobierno no puede utilizar información personal que beneficiarios de DACA proveyeron al inscribirse al programa para expulsarlos del país, ya que podría causarles “daños irreparables” y ser considerado como un acto de “mala conducta afirmativa” por parte de autoridades gubernamentales.

Sin embargo, indicó que si el Gobierno llegara a necesitar hacer uso de esa información para propósito de seguridad nacional o de interés público, tendrá que solicitar una orden judicial para cada caso individual.