El Secretario de Trabajo de los Estados Unidos René Alexander Acosta esta semana advirtió que se implementarán medidas más agresivas para combatir posibles casos de fraude y abusos de programas de visas temporales para la contratación de trabajadores extranjeros.

Acosta enfatizó que personas o empresas que cometen fraude de visas perjudican a trabajadores estadounidenses y que su deber es protegerlos. Por eso, ordenó un refuerzo de investigaciones, “todo tipo de acción disponible en contra de quienes abusen de estos programas”, y el aumento de procesamiento criminal para quienes violen las leyes existentes que están diseñadas para proteger a trabajadores estadounidenses.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos hará cumplir de forma rigurosa todas las leyes relacionadas a la administración y cumplimiento de programas de visas de no-inmigrantes, como la visa H-2A, que permite a los productores agrícolas traer a trabajadores temporales para trabajar en campos y granjas.

Entre las medidas:

* Dirigir a la División de Salarios y Horarios a usar todas sus herramientas para llevar a cabo investigaciones para hacer cumplir las protecciones de los programas de visas.

* Modificar el proceso de certificación laboral para identificar violaciones y potencial de fraude.

* Coordinar esfuerzos entre las distintas agencias federales para investigar, detectar fraude y abuso de programa de visas y referir casos para procesamiento criminal.

Las medidas no solo protegen a trabajadores estadounidenses, sino también a extranjeros que vienen al país con visas de empleo temporales como la H-1B y H-2A.

Mano dura contra abusadores de visas de empleo temporales

Al anunciar la nueva directiva de mano dura contra abusadores de visas de empleo temporales, el Departamento de Trabajo señaló que ya comenzaron a implementar medidas en contra de empresas que hayan violado las leyes y términos de estos programas.

Citó como ejemplos a G Farms en Arizona, acusada de proveer viviendas peligrosas a trabajadores agrícolas y Christner Farms LLC en Pensilvania, acusada de negarle empleo a un trabajador estadounidense.

Acción legal contra empresa acusada de someter a trabajadores extranjeros a condiciones inhumanas

Por primera vez en su historia, el Departamento de Trabajo obtuvo una orden de prohibición preliminar (preliminary injunction, en inglés) contra G Farms en El Mirage, Arizona, su dueño Santiago González, su supervisor Arturo Valdez Castro y LeFelco y Raúl León (agentes de G Farms que prepararon las solicitudes H-2A y reclutaron a los trabajadores extranjeros).

Todos están acusados de proporcionar a trabajadores agrícolas bajo el programa H-2A viviendas ilegales, insalubres y peligrosas, y de pagarles salarios ilegalmente bajos.

viviendas insalubres en G Farms

Investigadores encontraron condiciones insalubres y peligrosas en campamentos precarios para trabajadores agrícolas en G Farms. (Foto: Departamento de Trabajo de Estados Unidos)

Investigadores encontraron que González tenía a trabajadores viviendo bajo condiciones inhumanas, en violación de los términos de su solicitud para visas H-2A, y que aparentemente, les habían mentido sobre su alojamiento antes de llegar a la granja.

autobus G-Farms

Uno de los autobuses donde G Farms alojaba a sus trabajadores agrícolas.
(Foto: Departamento de Trabajo de Estados Unidos)

González tenía aproximadamente a 70 trabajadores en un campamento improvisado conformado por autobuses escolares y remolques sin ventanas, ni ventilación adecuada, expuestos a temperaturas diurnas que excedían los 100 °F (30 °C).

Los trabajadores estaban amontonados en las viviendas precarias, con camas apiladas de extremo a extremo con solo un pie de distancia entre las colchonetas, cuando la regulación federal requiere por lo menos 40 pies de espacio por persona.

duchas en G-Farms

Remolque de G Farms con duchas sin sistema de desagüe, con un cable eléctrico que exponía a los trabajadores a ser electrocutado. (Foto: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)

Las únicas instalaciones de baño consistían en puestos de ducha que no tenían un sistema de alcantarillado “iluminado por un solo cable de alimentación expuesto a agua estancada”, poniéndolos en peligro de ser electrocutados.

Ante una inspección de las condiciones del sitio, investigadores también descubrieron que los trabajadores agrícolas estaban trabajando horas extras y no les pagaban todo el salario que les correspondía.

Bajo la orden de prohibición preliminar, G Farms, González y sus agentes:

* No pueden alojar a los trabajadores agrícolas en el campamento precario de autobuses.
* Deben alojar a los trabajadores en un complejo de apartamentos para el resto de la temporada del 2017, sujeta a inspección del Departamento de Trabajo.
* No pueden hacerles deducción a los salarios para pagar vivienda o comida.
* Deben proveer transporte seguro al sitio de trabajo.
* No puede prohibir que los trabajadores hablen con investigadores y no pueden contra ellos si reportan violaciones de los términos de la visa H-2A.

Bajo los términos del programa de visas H-2A, el empleador o empresa que trae a trabajadores extranjeros a los Estados Unidos debe proporcionarles viviendas gratuitas.

Multa a granja en Pensilvania

Ante una queja interpuesta por una agencia estatal de servicios de empleo, investigadores del Departamento de Trabajo determinaron que Christner Farms LLC, una granja en Pensilvania, no intentó reclutar y contratar a trabajadores estadounidenses antes de recurrir a traer trabajadores bajo el programa de visas H-2A.

Según los investigadores, Christner Farms le negó ilegalmente empleo a un trabajador estadounidense y tampoco cooperó con la agencia estatal de servicios de empleo negándose a aceptar recomendaciones de potenciales empleados estadounidenses para trabajar en la granja.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe negarle empleos a trabajadores calificados dentro del país a favor de trabajadores extranjeros.

La empresa tampoco proporcionó viviendas para los trabajadores agrícolas que cumplían con normas de salud y seguridad requeridas.

El Departamento de Trabajo ordenó a Christner Farms pagar casi $22,000 dólares en multas y salario al empleado no contratado.