Cumpliendo con su promesa de campaña electoral, el presidente Donald Trump hoy firmó dos órdenes ejecutivas para reducir la inmigración ilegal al país, reforzando la seguridad fronteriza, agilizando el proceso de deportaciones, y penalizando a “ciudades santuario” (sanctuary cities, en inglés) que quieran proteger a indocumentados.

Las acciones ejecutivas, tituladas “Seguridad fronteriza y mejoras al cumplimiento migratorio” (Border Security and Immigration Enforcement Improvements) y “Refuerzo de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos (Enhancing Public Safety in the Interior of the United States), abarcan varios temas, incluyendo la seguridad fronteriza y la deportación de inmigrantes criminales.

Las medidas tienen como objetivo hacer cumplir la ley de inmigración usando todos los recursos del gobierno.

Estos son algunos puntos claves establecidos en las medidas:

* Ampliación y construcción del muro con México

* Contratación de 5.000 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) y 10.000 más para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement).

* Construcción de nuevas instalaciones para detener a inmigrantes indocumentados en la frontera sur.

* Asignación de más oficiales de asilo para realizar entrevistas de miedo creíble para casos de asilo en los centros de detención.

* Asignación de más jueces de inmigración dentro de los centros de detención para acelerar los procesos, determinar quién recibe asilo, y realizar procedimientos de expulsión de indocumentados.

* Continuar con la eliminación de la política “atrapar y liberar” (catch and release) a personas indocumentadas arrestadas por autoridades migratorias.

* Ampliación de deportación o expulsión acelerada (expedited removal) de indocumentados detenidos en la frontera o en cualquier parte del país que no puedan demostrar que han estado dentro de los Estados Unidos de forma continua durante los últimos dos años.

* Terminación del Programa de Cumplimiento de Prioridad (Priority Enforcement Program).

* Restauración del programa Comunidades Seguras, que establece un sistema de cooperación automática entre las autoridades locales de seguridad y DHS cuando se investigan los antecedentes criminales de personas arrestadas.

* Ampliación de las prioridades de deportación para incluir a personas que han sido encontradas culpables de ciertos crímenes, que han sido acusadas de un crimen pero no han sido sentenciadas, y aquellas que hayan abusado de recibir beneficios públicos.

* Autorización a las autoridades locales y estatales que deseen actuar como funcionarios de inmigración en investigaciones y detenciones en la medida que lo permita la ley.

* Penalización de “ciudades santuario” que alberguen a indocumentados, recortándoles fondos federales, excepto cuando es requerido para hacer cumplir la ley.