La Corte Suprema de los Estados Unidos podría decidir esta semana si revisa la constitucionalidad de la Acción Ejecutiva de inmigración del Presidente Obama, que podría darle un estatus legal temporal a aproximadamente 5 millones de inmigrantes.

Enero es el último mes en el que la Corte Suprema puede aceptar qué casos puede aceptar para ser evaluados en lo que le queda del plazo de su actual sesión que culmina a finales de junio/principios de julio.

El Presidente Obama anunció el beneficio migratorio de acción diferida el 20 de noviembre de 2014 para indocumentados que tienen hijos residentes o ciudadanos y otros que llegaron cuando eran niños, con el fin de detener su deportación y darles la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en el país de forma temporal.

Pero un juez federal frenó en febrero del 2015 sus medidas – DAPA (Acción Diferida Para Padres de residentes y ciudadanos estadounidenses) y la expansión de DACA (Acción Diferida para los llegados en la infancia).

Jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans rechazaron levantar el bloqueo a las medidas en noviembre, impidiendo su  implementación.

El Departamento de Justicia decidió llevar el caso a la Corte Suprema, con la esperanza que el máximo tribunal del país revierta el fallo de cortes inferiores y reafirme la constitucionalidad de las acciones ejecutivas de inmigración del Presidente.

Si la Corte Suprema determina que las acciones ejecutivas son constitucionales y válidas, podría levantarse el bloqueo legal de las medidas y daría paso a su implementación, dándoles el alivio migratorio temporal que buscaba brindar el Presidente a millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos.