El anuncio que el gobierno de los Estados Unidos detendría las deportaciones de “baja prioridad” le dio esperanza a miles de inmigrantes cuyos casos están ante las cortes de inmigración.  Pero también atrajo a estafadores al acecho de personas vulnerables que desesperadamente buscan permanecer en el país.

La nueva política inmigratoria no es una amnistía, no otorga estatus legal, y no es un programa al cual se puede inscribir.

En mi columna de esta semana en el diario La Opinión, explico qué significa la nueva política de suspensión de deportaciones y cómo evitar ser víctima de fraude.