Cuando el gobierno de los Estados Unidos anunció la semana pasada que detendría las deportaciones de “baja prioridad”, le dio vuelo a la esperanza de miles de inmigrantes indocumentados – y a personas inescrupulosas que quieren tomar ventaja de esas personas y estafarlas de su dinero y sus sueños.

La nueva política inmigratoria de la Administración del Presidente Obama NO ES una amnistía, NO OTORGA estatus legal, y NO ES un programa al cual se puede inscribir.

No confíe en personas que le digan que pueden conseguirle un permiso de trabajo (EAD) o estatus legal basado en el reciente anuncio del gobierno.  Quien le ofrezca estas opciones lo está engañando y podría perjudicar severamente su situación.

Debe saber que:

  • NO hay una manera segura de entregarse a las autoridades de inmigración.
  • NO existe ninguna garantía de que su caso será considerado como uno de “baja prioridad”.
  • NO todos los casos categorizados como de “baja prioridad” recibirán permisos de trabajo automáticamente.
  • CUALQUIER persona que llega a estar en contacto con las autoridades de inmigración puede ser encarcelada, detenida, y hasta deportada.
  • NO debe acudir a notarios o consultores de inmigración para asesoría legal.
  • NO tome acción porque un amigo, vecino o compañero de trabajo se lo recomienda.
  • Sólo un abogado de inmigración o un representante acreditado por el gobierno federal puede evaluar su caso y asesorarlo adecuadamente.

¿Qué significa la nueva política?

La Administración del Presidente Obama anunció la creación de un grupo de trabajo formado por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de la Justicia para poner en efecto la nueva medida.  El grupo revisará todos los casos actualmente en curso ante las cortes de inmigración.  Casos categorizados de “baja prioridad” podrían ser cerrados de forma administrativa.  Los que sean categorizados de “alta prioridad” serán procesados más rápidamente.

Por el momento, no hay reglas ni garantías sobre qué casos se considerarán de baja o alta prioridad.  Aunque se han enumerado algunas pautas, nadie puede decirle si su caso es de baja prioridad – solamente las autoridades de inmigración pueden tomar esa determinación.

En otras palabras, el anuncio del 18 de agosto fue preliminar y aún no se ha implementado nada.  Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre como funcionará el proceso de revisión.  Tampoco se ha determinado cómo puede presentarse un caso para ser evaluado, ni cómo se establecerá si es de “baja prioridad”.

Que un caso sea de baja prioridad no significa que recibirá permiso de trabajo

El gobierno dijo que si un caso se cierra de forma administrativa, la persona podría ser elegible para solicitar un permiso de trabajo. Por el momento, no hay detalles ni instrucciones sobre cómo solicitar un EAD, ni quiénes serán elegibles para recibir un permiso de trabajo.

A no ser que ya sea elegible para obtener un EAD bajo los reglamentos vigentes, no debe ir a las autoridades de inmigración para pedir un EAD ni presentar una solicitud para ello.  Podría correr el riesgo de perder cientos de dólares en cuotas de inscripción.  Consulte con un abogado para que lo asesore.

¿Cuáles son los casos de “baja prioridad”?

Es probable que los factores que determinen la categorización de un caso como uno de “baja prioridad” estarán basados en un memorándum del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fechado 17 de Junio, 2011, que indica cómo deben procesarse los casos de deportación.

Sin embargo, aunque su caso parezca caer bajo una de estas categorías, no significa que automáticamente sea considerado como uno de “baja prioridad.” Quienes revisarán los casos tomarán en cuenta la “totalidad de circunstancias”.  No está claro que factores se tomarán en cuenta.

Dado que hay aproximadamente 300.000 casos de deportación pendientes en las cortes, se desconoce cuándo se revisará un caso en particular.

¿Qué es un cierre administrativo?

El cierre administrativo sólo se aplica a los casos que ya están ante un juez de inmigración.  Cerrar un caso de forma administrativa significa que el caso ya no está activo, y que no se tomará ninguna acción, incluyendo futuras audiencias judiciales, a menos que el gobierno o el inmigrante indocumentado haga una solicitud para devolver el caso a un estado activo.   Una persona cuyo caso está cerrado administrativamente se encuentra todavía en proceso de deportación. El cierre administrativo no equivale a estatus legal. Es simplemente una suspensión temporal de un caso en la corte de inmigración.

Para conseguir más información sobre cómo evitar las estafas de inmigración, visite a www.parefraudenotarial.org