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Corte Suprema de EEUU rechaza reconsiderar DAPA y expansión de DACA

Sin dar explicaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos hoy anunció que no escuchará el recurso interpuesto por el Departamento de Justicia en julio.  En su petición, le urgía al máximo tribunal de justicia reconsiderar su dictamen sobre los programas inmigratorios propuestos por acción ejecutiva del Presidente Obama en noviembre del 2014.

La decisión pone un punto final a las medidas legales que puede presentar la Casa Blanca para salvar DAPA, el programa de acción diferida para padres de residentes o ciudadanos estadounidenses, y la expansión de DACA, que beneficia a indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

Un juez federal en Texas bloqueó la implementación de los dos programas en febrero del 2015 luego que 26 estados del país presentaran una demanda argumentando que las medidas eran inconstitucionales y provocaría un perjuicio financiero si tenían que emitir licencias de conducir para miles de indocumentados que quedarían amparados con DAPA y expansión de DACA.

Desde entonces, se llevó a cabo una batalla en las cortes que culminó en la Corte Suprema. Pero tras la muerte del juez Antonin Scalia y la resistencia del Congreso de los Estados Unidos de aceptar la nominación Merrick Garland y confirmarlo como su reemplazo, la Corte Suprema empató 4 a 4, manteniendo en vigor la decisión la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito.

Ahora el juez Andrew Hanen, quien bloqueó las medidas el año pasado, tiene que emitir una decisión sobre la demanda de los 26 estados. Esa decisión puede apelarse, abriendo la posibilidad de que el caso llegue nuevamente a la Corte Suprema.

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Decisión de Corte Suprema beneficiará a parejas gay inmigrantes

Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que parejas homosexuales pueden casarse legalmente en todos los estados del país.

Con este fallo, la Corte declaró inconstitucional los esfuerzos de varios estados alrededor del país de discriminar en contra de personas del mismo sexo al no permitirles obtener licencias para contraer matrimonio o reconocer la validez de estos matrimonios.

La decisión de la Corte también beneficiará a parejas inmigrantes gay, porque personas del mismo sexo ya no tendrán que ir a otros estados para casarse legalmente y obtener beneficios maritales, incluyendo el derecho de someter una petición familiar para un cónyuge.

El fallo de la Corte fue 5-4, con el conservador juez Anthony Kennedy uniéndose a los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan para obtener la mayoría.

Los jueces John G. Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra de la decisión.

VOTO CORTE SUPREMA

En el 2013, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reconoció que parejas del mismo sexo que estaban casadas legalmente pueden presentar peticiones para sus cónyuges. Pero vivir en un estado donde se prohibía el casamiento entre personas gay era un gran obstáculo, porque las parejas no podían conseguir licencias de matrimonio y sus uniones legales. Esto les obligaba a viajar a un estado que sí les permitiera casarse legalmente. Eso ya no será necesario.

La comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual (LGBT, siglas en inglés) ha sido víctima de discriminación por muchos años.

Recién en 1990 el Congreso de Estados Unidos terminó la exclusión de personas con orientación sexual del mismo sexo bajo las leyes de migración. Ese mismo año, la Junta de Apelaciones de Inmigración sentó precedente al reconocer, por primera vez, que una persona podía ser perseguida por su orientación sexual y otorgarle protección de deportación a un hombre gay.

Entre 1993 y el 2010, la denominada “prohibición de VIH” (HIV ban, en inglés) impidió que muchos inmigrantes homosexuales pudieran emigrar o visitar temporalmente los Estados Unidos y hasta el 2012, inmigrantes transgénero tenían que demostrar que se habían hecho cirugías para cambiar su sexo antes que el USCIS reconociera su identidad de género en sus documentos oficiales.

El fallo de la Corte Suprema es una victoria en la lucha contra la discriminación por orientación sexual. Ninguna persona debería ser discriminada por querer casarse y obtener beneficios maritales otorgados a personas heterosexuales. Hoy ganó la igualdad para todos.

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Presidente Obama aprueba fallo de la Corte Suprema a favor de parejas gay

El Presidente Barack Obama hoy expresó su aprobación del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una parte de la Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act – DOMA, siglas en inglés) y le dió instrucciones al Fiscal General de los Estados Unidos que trabajara junto con los otros miembros de la administración Obama para implementar la decisión de la Corte Suprema lo más pronto posible.

La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Janet Napolitano también emitió la siguiente declaración sobre la decisión de la Corte Suprema declarando inconstitucional la sección 3 de DOMA:

“Aplaudo la decisión de hoy de la Corte Suprema en el caso United States v. Windsor sosteniendo que la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) es inconstitucional. Esta ley discriminatoria negó a miles de parejas del mismo sexo legalmente casadas muchos beneficios federales importantes, entre ellos los beneficios de inmigración.  Me complace que la Corte estuvo de acuerdo con la posición de la Administración de que las restricciones de DOMA viola la Constitución.  Trabajando con nuestros socios federales, incluyendo el Departamento de Justicia, vamos a implementar la decisión de hoy para que todas las parejas casadas sean tratados con igualdad y justicia en la administración de nuestras leyes de inmigración “.

Gracias a todos los que trabajaron arduamente para poner fin a esta clase de discriminación y muchas felicidades a todas las parejas gay que ahora están en camino de obtener beneficios migratorios que antes no podían.

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Parejas inmigrantes gay podrían beneficiarse con fallo de Corte Suprema

La Corte Suprema de los Estados Unidos hoy dictaminó que la sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act – DOMA, siglas en inglés) es inconstitucional.  La sección 3 de DOMA era una ley federal que solamente reconocía matrimonios entre personas de diferente sexo.

Debido que la ley de inmigración es federal, DOMA prevenía a las parejas gays y lesbianas que legalmente estaban casadas, de solicitar la residencia permanente (tarjeta verde) a través del matrimonio. Ahora que DOMA ha sido declarada inconstitucional, los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales podrían presentar solicitudes de residencia permanente para su cónyuge del mismo sexo.

Dado el fallo de la Corte Suprema, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) debería de permitir la presentación de solicitudes para la residencia permanente por medio del matrimonio de parejas del mismo sexo. El USCIS ahora deberá presentar nuevos reglamentos que actualicen el código legal migratorio para permitir que parejas homosexuales soliciten la residencia permanente para sus cónyuges extranjeros.

Será importante demostrar que el matrimonio entre las parejas del mismo sexo sea legal en el estado o país donde se casaron. No importará que la pareja actualmente viva en un estado donde no se permite el matrimonio entre las parejas del mismo sexo.

Además, todo solicitante para la residencia permanente por medio del matrimonio tendrá que demostrar que el matrimonio es de buena fé y no para conseguir beneficios migratorios.

Es de suma importancia consultar con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

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Fallo de corte podría beneficiar a hijos de residentes legales

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito hoy dictaminó que la ley de inmigración federal da prioridad a los hijos de residentes legales que se hicieron adultos mientras esperaban años para una visa.

Este fallo no es final, pero de ratificarse, podría cambiar la situación para miles de hijos de residentes legales.

Durante años, la ley de inmigración estipulaba que hijos menores de edad de inmigrantes que solicitaban la residencia estarían excluidos de la fecha de prioridad de la visa de sus padres si cumplían los 21 años mientras esperaban la resolución del proceso.

Como los Estados Unidos emite un número limitado de visas de inmigrantes patrocinados por familiares cada año y debido a las serias demoras en el procesamiento de los casos, a veces los niños incluidos dentro la solicitud cumplían sus 21 años durante la espera.

Básicamente, a los 21 años los hijos tenían que iniciar una nueva solicitud. Al hacerlo, obtenían fechas de prioridad para visas mucho más tardías a las de sus padres.

Reconociendo el problema de los atrasos en el procesamiento de peticiones familiares, en el 2002 el Congreso aprobó el Acta de Protección de Estatus de Menores (CSPA, siglas en inglés).  Una sección de esa ley permite que algunos solicitantes que hayan cumplido 21 años durante el proceso de la petición familiar puedan conservar la fecha de prioridad original emitida tras la recepción de la petición original. Esto significaría que los hijos mantendrían la misma prioridad de sus padres para obtener la visa.

Sin embargo, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS)  y la Junta de Apelaciones de Inmigración rechazaron esta cláusula como justificativo para permitir que jóvenes mayores de 21 años mantuvieran la fecha de prioridad de sus padres, un grupo inició una demanda colectiva en contra de las agencias del gobierno.

Tras analizar el caso, el tribunal del Noveno Circuito, basado en San Francisco, hoy determinó que la clásula del Acta de Protección de Estatus de Menores efectivamente autoriza la conversión automática y retención de la fecha de prioridad para los hijos de beneficiarios de visas que hayan cumplido 21 años durante el período de espera.

La importancia de este fallo es que sentará precedente para otras demandas y para autorizar la retención de fechas de prioridad para los hijos de inmigrantes incluidos en peticiones familiares, sin importar que cumplan 21 años durante la espera de la visa.

Pero lamentablemente, por el momento, esta decisión solo es válida para los estados que están dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito.  Estos son: Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon y Washington.

Existe la posibilidad que se apele la decisión de la Corte del Noveno Circuito, llevando el caso a la Suprema Corte de los EEUU.  De ser así, el fallo de la Suprema Corte del país se convertiría en ley federal para todo el país.

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Abren líneas de ayuda para reportar violaciones de derechos civiles ante S.B. 1070

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha habilitado líneas de ayuda de teléfono para responder a preguntas sobre cómo la gente puede reportar posibles violaciones de derechos civiles en Arizona y si tiene preguntas adicionales para el DOJ sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Arizona S.B. 1070.

Esta es la línea de ayuda para reportar violaciones de derechos civiles:

855-353-1010

La llamada es gratuita.  También puede enviar un e-mail a esta dirección: Sb1070@usdoj.gov

Para consultas adicionales con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos llame a este número:

202-514-3465

Este número no es gratuito.  También puede enviar un e-mail a esta dirección: oipl@usdoj.gov

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Fallo de Corte Suprema declara mayoría de S.B. 1070 inconstitucional

En una decisión presentada ayer, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló que tres secciones de la ley anti-inmigrante de Arizona S.B. 1070 son inconstitucionales, pero aprobó la sección más controversial  y la que muchos temen llevará a la implementación de perfil racial de Latinos en Arizona.

En un voto de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal invalidaron las siguientes tres disposiciones:

1. la que obligaba a portar documentos migratorios, pues se consideraba delito no tener un registro federal

2. la que convertía en crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo

3. la que permitía arrestar a sospechosos de estar en situación migratoria irregular, sin una orden de arresto.

La Corte Suprema aprobó la cláusula 2(B).  Esta parte es la más controversial de la ley S.B. 1070, porque permite a la policía estatal solicitar documentos para determinar la situación migratoria de alguien legalmente detenido o arrestado si existe “sospecha razonable” de que es indocumentado.

Sin embargo, la Corte dejó abierta la posibilidad que esta sección podría estar sujeta a demandas judiciales dependiendo en cómo sea implementada.

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Corte Suprema vota a favor de ley contra indocumentados en Arizona

La Corte Suprema de Estados Unidos, en un voto de 5 a 3, esta mañana avaló una ley de Arizona que permite al estado castigar severamente a empresas que contratan a inmigrantes indocumentados y autoriza el uso obligatorio del programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de los empleados.

En su resolución, la mayoría de los jueces consideran que la ley, titulada por Arizona “Legal Arizona Workers Act”, permite a las autoridades de ese estado a revocar o suspender licencias a empresas o comercios, inclusive hasta cerrar negocios que contraten a sabiendas a trabajadores indocumentados.

Los jueces que votaron a favor de la ley son John Roberts, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas.

Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor votaron en contra, argumentando que la ley de Arizona impondrá cargas adicionales a empleadores que operan legalmente.  Además, expresaron preocupación de que empleadores temerosos, al tratar de cumplir con las nuevas imposiciones del estado, podrían caer en discriminación laboral ilegal al momento de contratar a empleados.

La juez Elena Kagan no participó en el caso debido a que anteriormente ocupó el cargo de procuradora general (“Solicitor General”) ante la Corte Suprema para la administración del Presidente Obama.

La ley “Legal Arizona Workers Act” fue avalada en el 2007 por la entonces gobernadora de Arizona Janet Napolitano.  La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y diversas organizaciones de derechos civiles disputaron la ley, llevando el caso “Cámara de Comercio versus Whiting” ante la Corte Suprema.

La decisión de la Corte Suprema es una victoria para el gobierno de Arizona y un duro revés a la administración Obama que insistía que los gobiernos estatales no tienen autoridad para regular leyes federales en asuntos de inmigración.

Esta decisión deja un precedente que podría abrirle el camino a otros estados y ciudades a adoptar leyes similares a la de Arizona.

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Corte federal mantiene bloqueo parcial de ley S.B. 1070

La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito hoy decidió mantener las restricciones en contra de la implementación de secciones de la ley S.B. 1070, incluyendo la más controversial – la que obligaría a agentes de la policía a verificar el estatus migratorio de todas las personas que “sospechen” que se encuentran de manera ilegal en el país.

El tribunal federal se rehusó a modificar la orden emitida por la juez Susan Bolton el 28 de julio del año pasado, un día antes de que entrara en vigor.  Esta decisión significa que la ley no podrá ser implementada tal como lo desea la gobernadora Jan Brewer.  Ante la decisión del tribunal, la gobernadora de Arizona dijo mediante un comunicado de prensa, que su equipo legal analizará si apela la decisión de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

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Corte rechaza acelerar apelación de gobernadora Brewer

La corte federal de apelaciones del Noveno Circuito rechazó la moción de la Gobernadora Janice Brewer en el caso de la ley S.B. 1070.  La gobernadora pedía que se acelere su apelación a la decisión de la juez Susan Bolton, que bloquea partes de la controversial ley.

De haber cedido a la moción, la corte hubiera comenzado a oir argumentos a favor y en contra de la apelación a partir de la segunda semana de septiembre. Sin embargo, la corte ordenó que se continúe con el proceso regular de apelación.  Eso significa que el estado deberá presentar los debidos escritos judiciales, el gobierno federal tendrá que responder a esos argumentos y finalmente, habrá que esperar una respuesta del estado.

Tomando esto en cuenta, se ha dictaminado que la primera audiencia en el caso de apelación de la S.B. 1070 será en la primera semana de noviembre. Dado que es dudoso que los jueces tomen una decisión inmediata, es posible que se tenga un dictamen recién en diciembre.  Quien pierda la apelación en ese momento, podrá apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

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Dr. Nelson A. Castillo


El Dr. Nelson A. Castillo es un abogado de inmigración y autor de "La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos". Es graduado de la Universidad St. John's en Nueva York, con un bachillerato en finanzas y un doctorado en leyes. Está matriculado en el Colegio de Abogados de Nueva York y puede ejercer como abogado de inmigración en todos los Estados Unidos.


Es uno de los más reconocidos abogados de inmigración en los Estados Unidos y está disponible para representar a clientes alrededor del país, incluyendo en California y Nueva York.


Durante su trayectoria profesional ha ayudado a clientes, dentro y fuera del país, alcanzar sus objetivos inmigratorios.


Nacido en El Salvador, llegó a los Estados Unidos a los 11 años. Como otros inmigrantes, superó muchos obstáculos pero logró estudiar y trabajar en una profesión donde puede ayudar a los demás. Debido a su compromiso e incansable trabajo brindando ayuda a su comunidad, el Dr. Castillo ha recibido numerosos premios y reconocimientos.


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